La Fiscalía tiene abiertas cinco investigaciones penales y siete diligencias civiles a residencias de Extremadura, de un total de 86 y 121, respectivamente, en todo el país, según datos de la Fiscalía General del Estado obtenidos hasta el 20 de abril.

En la comunidad constan cinco diligencias de investigación penal incoadas en sede fiscal como consecuencia de denuncias interpuestas por familiares y trabajadores de este tipo de centros, entre otros. De esas cinco, una se sigue por parte de la Fiscalía de la comunidad, dos por la Fiscalía Provincial de Cáceres y otras dos por la Fiscalía Provincial de Badajoz.

Asimismo, hay abiertas siete diligencias civiles a residencias de la región en la labor tuitiva del Ministerio Fiscal en relación con el amparo de los derechos individuales y colectivos de las personas en situación de vulnerabilidad.

Éstas tienen diversos objetos: de un lado, recopilar datos acerca de la situación en las que se encuentran las residencias y las personas alojadas en ellas, además de mantener el seguimiento de su evolución; y de otro, resolver problemas puntuales que requieran la intervención o impulso propios de la labor protectora del Ministerio Fiscal en este ámbito.

También en el marco formal de las diligencias civiles, los fiscales han dado respuesta a las solicitudes cursadas por los responsables y trabajadores de los establecimientos, familiares de residentes y otros ciudadanos que han interesado el auxilio del Ministerio Fiscal.

Según la nota de prensa difundida por la Fiscalía General, desde el inicio de la actual situación de emergencia el fiscal delegado para la protección y defensa de los derechos de las personas mayores y la red de fiscales especialistas desplegados en las Fiscalías Provinciales han realizado un seguimiento permanente de la situación de las personas de la tercera edad y discapacitados, y particularmente, de quienes viven en centros y residencias de mayores.

En España existen aproximadamente unas 5.457 residencias, públicas y privadas, añade la nota. En el ejercicio de su función, la Fiscalía ha tratado de no entorpecer la primordial actividad socio-sanitaria de los diferentes establecimientos.

Finalmente, y como consecuencia de esta actividad, la Fiscalía añade en su nota que "reconoce y quiere destacar el extraordinario esfuerzo realizado por la inmensa mayoría de las residencias de mayores y, muy especialmente, por sus trabajadores y trabajadoras y el personal encargado de los centros".