El presidente del PP de Extremadura, Carlos Floriano, dijo hoy que es "una frivolidad" que el PSOE mantenga su postura sobre el cierre de la Central Nuclear de Almaraz en 2010 al tiempo que se reconoce que no se ha elaborado un plan económico que sustituya a la planta energética como uno de los principales medios de sustentación del norte de la región. El dirigente popular, en cualquier caso, reiteró en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del partido, que el PP apuesta por las fuentes alternativas. "Mi apuesta por supuesto son las energías renovables, como no puede ser de otra manera", apostilló. Sin embargo, dijo que cuando llegue la fecha fijada para el cese de la actividad en Almaraz, el año 2010, a lo que habrá que unir el fin de las subvenciones europeas al cultivo del tabaco, "hay que tener elaborado un plan de futuro para toda esta zona", a lo que añadió que se debe "tener muy claro lo que se dice en la zona, y si no es viable la continuidad, hay que tener preparado un plan de desarrollo alternativo". En el caso de que se plantee la continuidad, añadió, "hay que escuchar lo que dice la gente que vive allí, y que prefieren seguir haciendo esa contribución al desarrollo de Extremadura". Floriano se refirió así a las palabras de la secretaria Federal de Medio Ambiente y Desarrollo del PSOE, Soraya Rodríguez, en las que reiteraba la apuesta de su partido por el cierre de la planta nuclear en 2010, y en las que reconocía que no hay ninguna alternativa que sustituya a la central como medio de vida de un parte importante de las familias de la zona. Al respecto, el dirigente popular apuntó que "abordar el cierre de Almaraz y no tener elaborado un plan alternativo, como reconoce el PSOE, nos parece una frivolidad. No es razonable". INCERTIDUMBRE Por otro lado, Floriano dijo que la conclusión principal que se ha alcanzado en la convención que este fin de semana celebró el PP en Madrid, es que esta formación política representa la "certeza" en Extremadura de que "se hace lo que se dice", frente a la "incertidumbre" que proyecta el PSOE y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sobre Extremadura, con el "aplauso" de los socialistas extremeños, en los asuntos que preocupan a los ciudadanos. este sentido, se refirió al debate del modelo territorial, a los fondos europeos y a la finalización de las obras en infraestructuras, sobre las que reiteró que "nadie se cree ya que el AVE esté terminado en 2010", y que igualmente no se cumplirán los plazos estipulados para la conversión en autovía de la carretera N-630. Respecto al modelo autonómico, insistió en que la reforma del Estatuto catalán, en los términos que actualmente contempla, supondrá un incremento de las diferencias entre las regiones más ricas y las más pobres, una quiebra del principio de solidaridad recogido en la Constitución, y que asimismo perjudicará a los intereses de Extremadura. En esta línea, se refirió a un informe firmado este mismo fin de semana de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en el que se indica que Extremadura será la comunidad autónoma más perjudicada por el modelo de financiación autonómica plasmado en el proyecto de reforma del Estatut. Frente el estudio de esta institución, que según recordó Floriano cuenta con la mayoría del PSOE, los socialistas extremeños, con Juan Carlos Rodríguez Ibarra a la cabeza, "aplauden" la reforma del Estatut y "les parece muy bien que los extremeños sean los más perjudicados". Por último, el dirigente popular también responsabilizó a los socialistas de la "incertidumbre" que se cierne actualmente sobre los sectores del tabaco y el tomate, dos cultivos en los que Extremadura se sitúa a la cabeza de su producción en el conjunto del país. FINANCIACIN REGULADA POR LEY Por otra parte, Floriano dijo que el PP sale de la Convención como el partido defensor de la solidaridad, como se plasmó en la mesa de trabajo sobre "La dependencia en el modelo social europeo", que estuvo dirigida por el propio presidente de los populares extremeños. Así, resumió su intervención al frente de esta comisión reiterando la necesidad de que se regule por Ley la financiación de los servicios prestados a las personas con dependencia. Según dijo, el 80 por ciento de los tres millones de personas dependientes de España son atendidos por ONG's que reciben los fondos para prestar sus servicios por medio de convenios anuales y que, por lo tanto, desconocen si podrán continuar con su labor al año siguiente. A ello, dijo, hay que sumar que los Ayuntamientos se ven obligados a atender a estas personas puesto que "cuando el convenio finaliza, se termina el dinero, pero los dependientes sigue ahí". Además, señaló que los ayuntamientos son la administración más cercana a los ciudadanos y que son los que conocen mejor la realidad de sus vecinos. Por estos motivos, dijo que las administraciones locales deberían contar con las competencias y con los fondos necesarios para acometerlas, y que ello debe estar regulado y garantizado por Ley, puesto que la financiación de los servicios para las personas dependientes es "un problema de todos".