El Gobierno español ha decidido poner en marcha una serie de medidas con el objetivo de frenar la competencia desleal en el sector del transporte. La propuesta parte del Ministerio de Fomento y pretende perseguir los fraudes cometidos por empresas que crean sociedades en el extranjero para eludir las cargas fiscales y sociales. Un problema que afecta de forma notable a Extremadura y que ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por las organizaciones profesionales y la Administración autonómica.
El parque de vehículos extremeños dedicados al transporte ronda los 6.000 camiones, de los que unos 1.500 operan bajo matrícula portuguesa, según datos facilitados por la Agrupación Gremial de Transportistas (AGT). Según esta organización, la mayoría de los que tienen su sede fiscal en Portugal llevan a cabo un "falso" transporte de cabotaje, que es la denominación que utiliza el sector para argumentar la actividad temporal de cualquier empresa en un país distinto al tuyo.
EXODO A PORTUGAL La liberalización del transporte posibilitó un éxodo masivo de transportistas extremeños al país vecino. Además de las mejores condiciones fiscales, la Administración lusa es menos exigente en el control de los vehículos de transporte que se dedican a la actividad y no es necesaria una tarjeta de transporte para circular.
Con su ubicación en otro país, muchas de estas empresas dificultan el control del IVA y logran disminuir sus gastos saltándose la ley a través del consumo de carburante, la emisión de facturas falsas o la falsificación de tarjetas de pago en las autopistas de peaje.
Esta situación se ha visto además agravada por el momento que atraviesa el sector con la subida experimentada en el precio del gasóleo. Como adelantó ayer EL PERIODICO, en Extremadura, unos 300 vehículos han tenido que dejar temporalmente la actividad al no compersarles la realización de portes.
MAYOR CONTROL Para erradicar esta práctica, el Ministerio de Fomento ha decidido fijar un mayor control sobre la facturación de cargadores, intermediarios o flotistas españoles en cuyo entorno resulte habitual la contratación de transportistas extranjeros para realizar servicios en España. Las sanciones oscilan desde 4.600 a 18.000 euros, si la actividad ilícita se practica de forma reiterada.
Inicialmente, los esfuerzos se centrarán en la inspección, vigilancia y sanción. Desde el sector del transporte extremeño se asegura que la medida "ha ralentizado" la actividad de muchas de las empresas extremeñas que habían colocado su domicilio fiscal en Portugal. Según los datos del Ministerio de Fomento, Badajoz-Caia y Badajoz-Campo Maior es el segundo paso fronterizo que registra mayor paso de vehículos pesados de mercancías, sólo superado por el de Fuentes de Oñoro, en Castilla y León.
