La Federación Regional de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Freapa) rechazó ayer la propuesta realizada por el sindicato CSI-CSIF de elaborar una ley que conceda al profesorado un estatus de ´autoridad pública´, ya que, entiende, supondría castigar los conflictos de convivencia en el aula a través del Código Penal.
Asimismo, criticó el Registro de Hechos Conflictivos creado por CSI-CSIF para recoger las denuncias de casos de violencia que ocurran en centros de enseñanza porque "no supone ninguna aportación a la mejora de la convivencia", según el presidente de Freapa, Rafael Delgado.
En rueda de prensa, consideró que ambas medidas son "sectarias e inoperantes" para resolver problemas relacionados con la convivencia en los centros.
Respecto a la propuesta de elaborar una ley que conceda al profesorado un estatus de "autoridad pública", Delgado indicó que esto significaría que los agresiones que los alumnos cometan contra éstos serán castigados de acuerdo con el artículo 550 del Código Penal.
En consecuencia, añadió, determinadas conductas del alumno hacia el docente como ´autoridad pública´ se convertirían en delito, siendo de aplicación el artículo 551 del Código Penal, que establece como castigo prisión de dos a cuatro años y multa de tres a seis meses.
