Frente común en la Asamblea de Extremadura para reivindicar al Gobierno el pago de la deuda histórica y poder contar con esos ingresos lo antes posible. El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Guillermo Fernández Vara, mostró ayer su disposición para "estar detrás, apoyando y ayudando" al Ejecutivo regional "para que este proceso termine de la mejor manera" y aprovechar "una buena oportunidad" para que Extremadura vaya a Madrid con un acuerdo entre los tres grupos parlamentarios con representación en la Cámara "ya que daría mucha fuerza". En este sentido, y partiendo de la base de que "ya hay un trabajo de campo hecho", propone acordar una metodología para cuantificar la deuda teniendo en cuenta una serie de indicadores, como son Educación, Sanidad, Servicios Sociales, Comunicación Ferroviaria, Aérea y Viaria, Logística y Distribución, Recursos Medioambientales e Hidráulicos.

El presidente extremeño, José Antonio Monago, recoge el guante, agradece el apoyo y se compromete a trabajar "con total transparencia e información" con los grupos parlamentarios socialista y de Izquierda Unida. Además, recordó que la Junta ya ha designado a los dos representantes en la comisión mixta acordada al efecto con el Gobierno central, y está dispuesto a ampliar esos indicadores a raíz de un estudio de la Universidad de Extremadura que se puede tomar de referencia para "saldar esa vieja reivindicación lo antes posible".

Al margen de este asunto, también hubo acuerdo, en este caso de los tres grupos parlamentarios, para aprobar una propuesta del PSOE, con una enmienda transaccional del PP, para potenciar la línea de avales destinados a facilitar el que empresas extremeñas que quieran concurrir a licitaciones en el extranjero. Hasta ahora, esta labor se realiza a través de la Sociedad de Garantía Recíproca Extremeña de Avales (Extraval), que seguirá siendo la encargada principal de hacerlo, pero tras lo acordado ayer, cualquiera otra empresa pública extremeña con competencias para ello podrá también gestionar estos avales.

Sin embargo, esa unanimidad no fue tal a la hora de apoyar una moción de IU para excluir las centrales térmicas del mapa energético regional hasta el año 2020, por los perjuicios medioambientales y turísticos que estas instalaciones conlleva para la zona de influencia. Pero fue rechaza por PP y PSOE, argumentando que ya está fijado que no se autorice ninguna central antes del 2020 y que la comunidad está lejos de los niveles contaminantes de otras regiones.