Extremadura se levanta contra el Ministerio de Hacienda. Junta y partidos de la oposición han criticado duramente la decisión del departamento que dirige en funciones Cristóbal Montoro de retener fondos de financiación a la región por el retraso que acumula en el pago de las facturas pendientes. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Molares, desveló ayer que el pasado viernes, horas después de aprobrarse el presupuesto de 2016, el ministerio envió una carta a la Junta avisando del inicio de "medidas coercitivas" por incumplir el plazo de pago a proveedores. Estas medidas se basan en la aplicación del artículo 20.6 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que establece que si el periodo medio de pago a los proveedores de una comunidad autónoma supera en más de 30 días el máximo legal, el ministerio podrá retener los importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación para abonar directamente las facturas. Junto a Extremadura, también a Aragón se le aplicarán retenciones y se ha puesto en alerta a Baleares.
"No se nos puede exigir ahora lo que tantos años atrás consintieron", señaló Blanco-Morales, que se mostró cuanto menos "sorprendida" porque esta notificación llegue después de haberse permitido un presupesto "con un agujero de 600 millones" en 2015 y haberse comportado el Gobierno central "de forma irresponsable con regalos fiscales y reformas tributarias para las que no tenía margen y que se hicieron solo con carácter electoralista". La consejera criticó además que el aviso llegara solo horas después de aprobar el presupuesto, el primero de la legislatura, y un plan de ajuste a las puertas. Pero no solo la Junta mostró su enojo. Todos los grupos políticos coincidieron al rechazar la medida y acusaron a Montoro de aplicar un trato discriminatorio. Especialmente crítico se mostró el PP, que consideró la decisión "desproporcionada" y lamentó que "solo se riña a las regiones pequeñas".
A la vista de la situación, el presidente, Guillermo Fernández Vara, ha solicitado una reunión con el ministro para reiterar el compromiso de Extremadura con los objetivos de estabilidad presupuestaria y transmitirle que todos los nuevos recursos que obtenga se destinarán a consolidación fiscal. "No destrozaremos la vida de nadie (con recortes) por mucha carta que mande", aseguró Vara. El líder del Ejecutivo criticó que el procedimiento de rentención de fondos se haya iniciado el mismo día que se aprueban los presupuestos cuando a Extremadura se le han "permitido" incumplimientos desde septiembre del año 2014 y tras criticar las formas utilizadas, se preguntó si el ministerio se hubiera "atrevido" a utilizar este método con otras comunidades, recoge Efe. Así, en su opinión, "se está intentando ser fuerte con los pequeños (Extremadura y Aragón) y débil con los grandes".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la titular de Hacienda lamentó que el ministerio "vuelva a las andadas" remitiendo un nuevo aviso a Extremadura horas después de aprobar un presupuesto "claramente orientado al cumplimiento de la estabilidad y la mejora del plazo de pago a proveedores, además de subsanar los tremendos errores que se cometieron al no presupuestar correctamente las necesidades del Servicio Extremeño de Salud (SES)". Según Blanco-Morales, esto dejó "un agujero inasumible" de 600 millones de euros en las cuentas públicas y ahora, aunque los plazos de pago a proveedores han mejorado, no ha sido suficiente. "Las medidas coercitivas vienen por el incumplimiento desde hace 18 meses", indicó la consejera, que señaló que en estos momentos son los pagos del SES los que están generando "un cuello de botella".
Así, el presupuesto de 2016 incluye dos medidas: el incremento de la dotación para este fin en 150 millones y la ampliación del Confirming (servicio financiero de gestión de pagos) hasta 240 millones de euros. Ambas se pondrán en marcha de forma inmediata y según Blanco-Morales, comenzarán a surtir efecto en unos dos meses. Por todo ello, la consejera indicó que "no deja de ser una actitud irresponsable" que el ministerio inicie la aplicación de esas medidas coercitivas cuando se
