Los vecinos de Villafranca de los Barros expedientados por la Delegación del Gobierno, que dirige Carmen Pereira, por silbar y abuchear a los concejales del municipio para mostrar su rechazo al proyecto de la refinería están preparando un frente legal común.
De esta forma, las decenas de afectados --aun no se conoce el número exacto, pero podrían superar el centenar-- han iniciado los contactos con un equipo de cuatro abogados, dos de ellos miembros de la Plataforma Refinería No, que les defenderán en este caso de forma gratuita. Así, desde esta plataforma avanzaron que se ha producido una primera reunión, ayer en Fuente del Maestre, y que el objetivo es recurrir todas las sanciones que imponga la Delegación del Gobierno. Como datos curiosos, destacan que hay gente a la que se le ha abierto expediente pese a que el día por que el se le quiere sancionar no fue la concentración, y que hay al menos una persona que ya ha recibido cuatro notificaciones de expedientes, con lo que la sanción mínima sería de 1.200 euros.
Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Villafranca, Andrés Moriano, acusó al presidente regional del Partido Popular, Carlos Floriano, de "apostar por la ilegalidad" y "dar amparo a los que insultan" por sus críticas contra la apertura de estos expedientes. Desde el PP, su portavoz municipal, Teresa Tortonda, lamentó "que sea el propio alcalde de la ciudad --Ramón Ropero-- quien haya denunciado a sus vecinos negándoles un derecho recogido en la Constitución".
También se refirió ayer a este asunto el alcalde de Badajoz, Miguel Celdrán, quien tachó de medida totalmente antidemocrática, partidista y selectiva la actitud de la delegada del Gobierno en Extremadura. "Esto es acojonante", afirmó.
