La Policía Nacional y la Guardia Civil han practicado 277 detenciones por malos tratos en Extremadura durante el primer semestre, seis veces más que las del mismo periodo del 2003, en que se tramitaron 44. Así lo confirmaron ayer la delegada del Gobierno, Carmen Pereira, y la directora del Instituto de la Mujer, Josefa Caraballo.
En lo que va de año, se han producido 503 denuncias, de las cuales 316 fueron por delitos y 187 por faltas, mientras que el pasado año fueron 302. Este importante aumento se debe a una modificación del Código Penal en virtud de la Ley Orgánica 11-2003, que convierte en delito todas aquellas faltas de lesiones cometidas en el ámbito familiar. Pero aún así, "se ha producido un incremento de 201 denuncias del global de faltas y delitos", según manifestó Pereira.
Pereira y Caraballo aseguraron haber unido las fuerzas de la Delegación del Gobierno y de la Junta de Extremadura para coordinar los mecanismos sociales y personales en la lucha contra la violencia de género, para lograr una mayor eficacia en la lucha contra malos tratos tanto policial como de asistencia las víctimas y el trato a los culpables.
OFICINAS DE ATENCION Las Oficinas de Atención a las Víctimas de la Violencia Doméstica que existen en los Palacios de Justicia de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia también facilitaron datos acerca de las asistencias de hombres y mujeres maltratadas. Fueron 426. Estas oficinas, compuestas por administrativos, oficiales, asistentes, trabajadores sociales y psicólogos son las encargadas de prestar apoyo a las víctimas de los malos tratos, informándoles sobre cuáles son sus derechos, orientándoles sobre los procedimientos civiles y penales que pueden conllevar las conductas que vienen a denunciar, sus consecuencias, y las ayudas económicas o los recursos sociales que pueden solicitar.
Pereira señaló que hasta que la Ley Integral no sea aprobada por el Congreso de los Diputados, "es necesario que se adopten las medidas aprobadas el 7 de mayo por el Gobierno de la nación". Dichas medidas consisten en la ampliación de las plantillas de la Policía Nacional y Guardia Civil, que trabajan en la prevención y seguimiento de las víctimas de la violencia doméstica, y dotación para su formación. Esta última, es una experiencia llevada a cabo en Castilla-La Mancha, y que se quiere trasladar a Extremadura.
La directora del Instituto de la Mujer añadió que la unión de recursos de los que disponen las dos instituciones, supone "un impulso a esas mujeres que todavía no se han atrevido a denunciar por miedo o inseguridad". También mencionó el aumento de órdenes de protección, "favorables por garantizar que se evita el riesgo de agresión física" y porque las víctimas van a disponer de recursos suficientes para que este fenómeno deje de ser un problema. Asimismo, aseguró que se intenta que "todos los sectores se impliquen".
