Con diez días de retraso, la polémica paga extra de los funcionarios del Gobierno de Extremadura ya está aquí. No es la de diciembre, si no la de junio, pero lo parece y evitará los malos augurios de los sindicatos que desde que se anunció el recorte venían presagiando las trágicas consecuencias en una época tan consumista como esta. Pero asunto arreglado, de momento. El consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado-Batalla, garantizó ayer que hoy se haría efectivo el pago, mediante transferencia, tras realizar ayer los trámites contables y administrativos pertinentes para cumplir con este derecho de los empleados públicos. Desde la Consejería de Economía confirmaron que la orden de pago a los bancos ya está dada.

Son casi 50.000 los funcionarios que sí tendrán extra --otros 40.000 se quedarán sin ello--, pero los sujetos a empresas públicas se rigen por sus propios órganos y no está confirmado que cobren ese anticipo en el día de hoy como sí lo está para el resto de los que dependen directamente del Gobierno regional. En esos casos "se decidirá lo más oportuno en el seno de sus órganos directivos porque tienen su autonomía presupuestaria y sus propios órganos rectores".

El consejero no quiso ayer adelantar el montante económico que tiene que desembolsar la Junta, pero afirmó que la Consejería de Economía ha realizado "un grandísimo esfuerzo" para conseguir adelantar ese dinero sin haber recibido aún los fondos del impuesto bancario. En todo caso el anticipo se realiza con cargo a los presupuestos del 2013 "y con absoluto respeto al real decreto 20/2012", por lo que asegura que "se respeta de manera escrupulosa la legalidad". "Nosotros cumplimos con el objetivo de déficit y por tanto no tiene por qué haber ningún tipo ni de colisión ni de roce con el Gobierno central", concretó ayer. Sobre la recuperación de la extra del pasado diciembre, el consejero precisó que dependerá de la evolución de la economía general y de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y conforme a esto "se verá cuál es la solución final" para que se pueda recuperar esa paga, ya que en la región "no hay planes de pensiones ni seguros colectivos, que es la vía que establece el Gobierno central para recuperar esos derechos económicos de los empleados públicos".