Extremadura se apunta al teletrabajo. El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer un nuevo decreto que autorizará a los empleados públicos a desempeñar sus tareas laborales desde casa manteniendo sus retribuciones, siempre que la naturaleza del puesto lo permita y que el trabajador disponga de los medios adecuados, entre otros un ordenador con conexión a internet. El objetivo, según explicó la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, es ofrecer a los trabajadores públicos «una posibilidad de conciliar la vida laboral y familiar», lo que a su vez redundará en la mejora de la productividad y un ahorro de costes para la Administración, además de servir como «un ejemplo» para el sector privado.

Esta fórmula se pone en marcha una vez evaluados los resultados de un programa piloto que se desarrolló en 2013 bajo el Gobierno del PP y cuyos datos han resultado «positivos», de acuerdo al análisis de la comisión de valoración que se creó para tal fin. Gil Rosiña detalló que fueron 44 las solicitudes recibidas para participar en este programa, si bien finalmente se acogieron 21 y de ellos el 57% fueron mujeres.

Ahora, cinco años después, el Ejecutivo extremeño aprueba el decreto que regulará el teletrabajo con la intención de dar «un paso importante» en la mejora de la conciliación y también como una medida más en la flexibilización de las jornadas en tanto se recuperan las 35 horas semanales. Además, con esta nueva normativa, la región sigue las directrices que la Unión Europea marcó ya en el año 2002 y los pasos que otras comunidades han dado en el mismo sentido.

Según explicó Gil Rosiña, cada año la Junta sacará una convocatoria anual con el total de plazas disponibles para que los interesados puedan acceder a este sistema, si bien las mujeres embarazadas y las víctimas de violencia de género podrán solicitarlo en cualquier momento. La previsión es que la primera convocatoria, la de este año, salga de forma inminente, aunque Gil Rosiña no concretó ayer ni la fecha ni las plazas que se ofertarían.

A estas convocatorias podrá acogerse todo el personal funcionario y laboral de la Junta, incluidos sus organismos y entes públicos dependientes, siempre que ocupen un puesto susceptible de ser desempeñado mediante esta modalidad. Por tanto, están excluidos quienes realicen tareas en oficinas de registro, atención e información al público. Tampoco podrán optar aquellos que tengan autorizada la compatibilidad con otro puesto de trabajo o actividad, los que realicen funciones de dirección, el personal eventual ni el de libre designación, entre otros.

El teletrabajo será de carácter voluntario y reversible en cualquier momento, aunque la autorización se da en principio para un año completo, pudiendo optar los beneficiarios a dos convocatorias consecutivas.

TRES DÍAS / Solo se podrá realizar el trabajo desde casa durante tres días a la semana (los otros dos, los funcionarios deberán acudir a la oficina). Los beneficiarios deberán también disponer de un espacio de trabajo adecuado, contar con un ordenador con conexión a internet «suficiente y segura» y tener siempre disponible un teléfono. Por su parte, la Administración facilitará un correo electrónico, las aplicaciones informáticas necesarias y un escritorio remoto que reproduzca las condiciones de trabajo del puesto físico de destino.

Solo en el caso de que en un mismo servicio haya más solicitantes que puestos susceptibles de desempeñarse de forma no presencial, la Junta aplicará un baremo para valorar las solicitudes en el que se tendrán en cuenta el número de hijos y su edad, que algún miembro de la familia o el propio solicitante tengan discapacidad o la distancia entre el domicilio y la ubicación del centro de trabajo.

Para evaluar los resultados del teletrabajo y la viabilidad del sistema, se creará una comisión técnica de seguimiento.