Unos 200 funcionarios de las dos prisiones extremeñas se concentraron ayer en Mérida, en respuesta a la convocatoria de CSIF, ACAIP, UGT y CCOO, para reclamar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que «asuma de una vez por todas su compromiso de subida salarial» y que se cubran el casi centenar de vacantes producidas en los últimos años. Con esta protesta, que tuvo lugar ante las puertas de la Asamblea regional, con motivo del pleno, los trabajadores han pedido también el aumento en el número de funcionarios de prisiones y personal sanitarios, ya que las plantillas hace muchos años que no crecen, a diferencia de lo que ocurre con el número de reclusos.
Entre las peticiones de mejoras exigen la eliminación de categorías de los centros penitenciarios españoles, igualando todos los puestos de trabajo con la categoría especial.
Los trabajadores han querido «visibilizar» su descontento y apoyar la propuesta de la subida salarial consensuada entre las organizaciones representativas para abordar la brecha salarial que, denuncian, se produce entre los diferentes centros penitenciarios.
El representante de CSIF, Alonso Torres, denunció y exigió al Gobierno central retomar la negociación tras presentar el pasado mes de septiembre una propuesta, que fue retirada bajo el argumento de restricción presupuestaria, y que suponía un incremento retributivo de 123 millones en el periodo 2019-2021.
De esta forma, insistió en la falta de personal en los centros de trabajo, que ha cifrado en 3.500, y dijo que sin personal suficiente la administración penitenciaria no puede llevar a cabo los objetivos de reeducación y reinserción que la legislación le encomienda.
