La Junta de Extremadura espera poder registrar en el primer semestre de 2021 la futura Ley de Aguas, un texto que quiere que cuente con la mayor participación y consenso de los sectores e instituciones implicados, según señaló ayer la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García.
Con esta intención se celebra en Mérida la jornada ‘Ciclo Urbano del Agua: Retos y Oportunidades’, primera de estas características, a la que asisten alcaldes, técnicos municipales, de las diputaciones, confederaciones y de empresas, y a los que se quiere trasladar que el objetivo es «situar el agua en el centro de la agenda política y social de la comunidad».
García recordó que Extremadura es una de las tres CCAA que no cuenta con una ley de aguas propia, aunque tiene una cuarta parte de la reserva nacional y que es un recurso que hay que gestionar adecuadamente.
Además, incidió en que es un recurso generador de empleo y de que hay que tratarlo de manera eficiente «porque es cuestión clave en mucho de los sectores productivos» y añadió que aunque en los últimos años se han conseguido avances en materia de infraestructura hidráulica, saneamiento y abastecimiento, quedan cuestiones pendientes.
