La futura Ley del Empleado Público de Extremadura echará a andar entre este mes y enero con la convocatoria de los primeros grupos de trabajo que participarán en la elaboración "de un proyecto de ley tan ambicioso e importante". Dichos grupos de trabajo estarán conformados por "representantes de la administración regional y de otras, sobre todo, de la local, los representantes legales de los trabajadores y expertos provenientes del mundo académico", según informó ayer la directora general de Función Pública, Verónica Puente, durante su intervención en la Asamblea. "Creemos que el punto de vista, las opiniones y las sugerencias que se aporten desde estos sectores sólo servirán para mejorar y enriquecer la ley", comentó.

Antes de ello y como consecuencia de dar más seguridad a los empleados públicos mientras se tramita y aprueba la ley, desde la Dirección General de Función Pública se está trabajando en las modificaciones del borrador del Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajos y el Reglamento General de Ingreso en la Función Pública para dotar de una mejor regulación a la selección de personal y de mayor seguridad a los empleados.

Ambos borradores se consensuarán con los sindicatos antes de elevarlo al Consejo de Gobierno y el Consejo Consultivo para su aprobación.

Por otro lado, Puente explicó que el Ejecutivo está avanzando el Plan de Reorganización de Efectivos para dar una "foto fija" del personal al servicio de la administración, así como de las medidas que hay que tomar para obtener la mayor eficacia de la administración.

"Ese Plan de Reorganización de Efectivos no significa que vayamos a acometer un Expediente de Regulación de Empleo", apuntó, sino que se va a estudiar no sólo con cuántos puestos cuenta la administración sino cómo están distribuidos en los diferentes servicios administrativos y cuál es la carga de trabajo de cada uno de los empleados públicos.

Respondía así a una pregunta del diputado socialista Alfredo Escribano sobre el número de empleos que prevé eliminar el Ejecutivo en el marco del "adelgazamiento" de la Administración y las empresas públicas. Puente no dio cifras, pero indicó que la Junta no puede asegurar el mantenimiento de los contratos de la empresa Gpex, pues "lo único que hacemos es velar por la legalidad de las actuaciones en materia de contratación de personal de Gpex".

Asimismo, el director general de Administración Local, Saturnino Corchero, insistió en la necesidad de elaborar una nueva normativa con rango de ley que regule los espectáculos públicos y actividades recreativas en la región, ya que hasta ahora se guían en su mayoría por una ley estatal de 1982.