La propuesta novedosa en Extremadura para que los diputados que dejen su escaño en la Asamblea puedan percibir una prestación económica durante un tiempo hasta encontrar un empleo, no lo es tanto en la mayoría de comunidades autónomas, que tienen de una u otra forma regulada esta compensación.
El modelo en el que se ha fijado Extremadura es el de las Cortes de Aragón, pero también tienen registradas bien en los reglamentos parlamentarios o por acuerdos de la Mesa ya cerrados o en tramitación el resto de comunidades autónomas, salvo Galicia, que se ha quedado sola en este tipo de iniciativas.
En Extremadura, los grupos parlamentarios han dejado claro que se trata de una «prestación por desempleo» y que «no es una indemnización». Pero en otras comunicades autónomas no es así, y las cuantías que tienen derecho a percibir sus señorías varían dependiendo de dónde hayan trabajado.
En el País Vasco, por ejemplo, una autonomía que lleva años regulando esta cuestión, los exdiputados cobran una indemnización por cese; algo que también figura en la Comunidad Valenciana. En Madrid, Cantabria y Murcia, entre otras regiones, se regula a través de prestaciones sociales; mientras que en Aragón y Andalucía miran, como en el caso extremeño, al desempleo para tener derecho a esta prestación al dejar el escaño.
De una u otra forma, la práctica totalidad del mapa español tiene cubierta alguna prestación para sus diputados.
