La comodidad de las gallinas tiene un precio. La obligación de adaptarse desde el pasado 1 de enero a las exigencias comunitarias en materia de bienestar animal ha supuesto, para los consumidores, que el precio de una docena de huevos clase M se haya incrementado alrededor de diez céntimos en lo que va de 2012 (son ochenta si lo que se tiene en cuenta es el último año). Para los avicultores, tener que ajustar sus censos y hacer cuantiosas inversiones que le permitan poner al día sus instalaciones.
En Extremadura existen actualmente siete explotaciones de gallinas ponedoras. De ellas, una está clasificada como campera , otra es ecológica y las cinco restantes están en jaulas. Es a estas últimas a las que afecta la normativa y todas ellas están ya adaptadas a la normativa, según informa la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. En conjunto, estas cinco explotaciones suman un censo superior a los 1,3 millones de aves. Las obras que han llevado a cabo han supuesto una inversión de 4,9 millones de euros, y con ellas se han creado más de 515.000 nuevas plazas para gallinas ponedoras y se han mejorado otras 65.000 ya existentes.
LOS REQUISITOS La aplicación de la directiva obligaba desde el 2003 a que las jaulas tuvieran un tamaño mínimo de 550 centímetros cuadrados, dimensión que desde este año tiene que ser al menos de 750 centímetros cuadrados, mientras que la altura no debe ser menor de 20 centímetros en cualquiera de sus puntos. Igualmente, hay que acondicionar un espacio separado (nido), para la puesta de huevos y se imponen requisitos en cuanto a los bebedores, comederos o separación de las jaulas.
"Donde antes entraban cinco gallinas ahora entran tres", resume Raúl Gómez, gerente de Granja El Cruce. Esta empresa de La Codosera ha desembolsado unos 400.000 euros para cambiar unas instalaciones que "estaban perfectamente, podían aguantar treinta años más produciendo". Una de sus dos naves la acondicionó justo antes de comenzar el año y los trabajos en la otra acabaron en marzo. Eso ha conllevado que haya tenido que estar "seis meses con la mitad de la producción".
Así las cosas, de contar con entre "70.000 y 75.000 gallinas" ha pasado a unas 45.000. O lo que es lo mismo, de producir unos 65.000 huevos al día a 40.000. "Esta ha sido la tónica para casi todos", precisa Gómez. Al menos para los que han podido seguir adelante. "Esto nos ha cogido en plena crisis, los bancos no sueltan dinero y muchos se han quedado en el camino", afirma este empresario, que resalta que las granjas deben cargar también con el incremento de los precios de los piensos (en la que dirige se consumen más de 5.400 kilos por día) y con unos márgenes muy reducidos. "En este sector hay mucho intermediario", aduce.
Desde la interprofesional Inprovo se explica que los ganaderos han esperado al último momento para adapatarse fundamentalmente por dos razones. Por un lado, porque si cambiaban las jaulas antes no estaban en igualdad de condiciones en cuanto a costes de producción con el resto de avicultores. Por otro, que confiaban en recibir subvenciones por parte de la Administración. "Las ayudas se han hecho esperar y no han llegado, salvo algún afortunado que ha recibido algo por parte de su comunidad autónoma, pero son los que menos. Los demás han pasado muchos apuros para que alguien les financiara la inversión", se señala. En este sentido, desde la Consejería de Agricultura se aclara que la previsión es que una vez completado todo el proceso se concedan ayudas por un valor total de más de dos millones.
Una de las granjas que se han quedado por el camino es la de María José Noriega. Avícolas Extremeñas Dacari, en Badajoz, pasó en el último año de tener unas 30.000 gallinas a echar el cierre hace un mes después de 30 años produciendo. La situación se le había ido complicando progresivamente: de tener seis gallinas por jaula hubo que pasar a cuatro y luego a tres. "Cada vez que venía una inspección de la Junta llegaban con un lápiz y un metro en la mano", cuenta.
La entrada en vigor de la nueva normativa representaba en su caso que, solo en las jaulas enriquecidas, tenía que invertir más de 300.000 euros para adaptarse, cantidad que llegaba al medio millón de euros si se suman el resto de mejoras que debía acometer. Así que echó "números" y sopesó la posibilidad de solicitar un crédito bancario. "Tenía que hipotecar todo, buscar dos o tres avales y aun así, no era seguro". Así que, tras aguantar un tiempo "por si alguno de mis hijos quería seguir" decidió cerrar. "Desde hace un mes estoy en el paro".
En el caso de la empresa Hermanos Martín Gómez, ubicada en Valdebotoa (Badajoz), paró de producir hace ya tres años, aunque continúa su actividad como comercializadora. "Vi venir el problema", relata José María Martín, su gerente. Por un lado, argumenta, estaba la caída de consumo. De acuerdo a los datos del Ministerio de Agricultura, el gasto per cápita en huevos ha caído un 10% en la región en los últimos cuatro años.
Por otro, las exigencias para adaptarse a las normas de bienestar animal. Calcula que tendría que haber invertido unos 240.000 euros para ponerse al día. "Iba a ser lo comido por lo servido", arguye. Así que lo que era una granja de producción con unas 18.000 gallinas (15.000 huevos diarios) se convirtió en centro de clasificación y embalaje, manteniendo, eso sí, su marca comercial: Rincón de Caya. "Las gallinas tienen su comida y bebida, aire acondicionado en verano y calefacción en invierno. Defienden mucho su bienestar, pero el de los avicultores lo defiende poca gente", lamenta Martín.
Las empresas que no han realizado las reformas pertinentes en sus instalaciones pero que sí se han comprometido a ello y han presentado planes de adaptación, tienen de plazo hasta el 31 de julio para cumplir con la normativa. Si no es así, no podrán seguir produciendo. Hasta entonces, en teoría, solo podrán comercializar para industria y siempre marcando su producción con un punto rojo o con el indicativo de categoría B.
PROBLEMAS EN LA INDUSTRIA Industrias de repostería, pastas alimenticias o salsas también han tenido que afrontar este aumento de los precios y una menor oferta que ha derivado en una situación de "escasez", al no haber materia prima suficiente para abastecer toda la demanda. Según se advertía recientemente desde Inprovo, "la escasez y dificultades para abastecer algunos clientes ha motivado que se hayan dado casos en los que repostería o empresas de restauración han ido directamente al supermercado a comprar huevos para atender sus necesidades más urgentes". En este sentido, Raúl Gómez, de Granja el Cruce, señala que en varios países más de la UE, entre los que cita Portugal, "muy poquita gente" ha realizado los cambios necesarios, lo que podría acentuar los problemas de abastecimiento a partir del agosto.
En cuanto a los precios, al menos en lo que va de año la mayor parte del encarecimiento no ha corrido a cuenta del consumidor. Conforme a las estadísticas del Ministerio de Agricultura, entre enero y abril el precio en destino de una docena de huevos de clase M ha pasado de 1,29 euros a 1,40 (+8,5%). En cambio, en origen el aumento ha sido muy superior, de 0,96 a 1,35 euros (+40%).
Incluso, en algunas semanas las estadísticas revelan mayores precios medios en origen que en destino. "La distribución es quien ha asumido la subida de precio y por eso el consumidor no lo ha notado. Quiere mantener el precio del huevo bajo en el lineal ya que para ellos es un producto gancho", precisan fuentes del sector. "Las grandes superficies están vendiendo muy barato, no sé cómo lo hacen ni de dónde traen los huevos, pero con eso no podemos competir", explican en Hermanos Gómez.
