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Declaración en el juzgado de Badajoz

García Seco alega "motivos de seguridad" la restricción del acceso de tractores en la tractorada de Mérida

 

La delegada del Gobierno tras declarar en el juzgado de Badajoz. -

EUROPA PRESS
20/05/2019

La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha aseverado en relación a la tractorada celebrada en Mérida el 19 de diciembre que la Delegación del Gobierno tomó la decisión de restringir el acceso de tractores en "algunas" de las calles "concurridas" del centro histórico "por motivos de seguridad para las personas".

En declaraciones a los medios tras declarar como investigada ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz por un presunto delito de prevaricación administrativa, García Seco ha explicado que ha tenido la oportunidad de declarar ante la jueza sobre esta manifestación que se desarrolló el día 19 de diciembre en Mérida convocada por La Unión de Extremadura.

Así, y sobre la restricción la restricción del acceso de tractores, ha incidido en que el centro de Mérida tiene calles de una sola dirección y estrechas y en que los tractores "tenían dificultad según decía el informe de la policía para, en algunos casos, hacer el giro en algunas de esas calles".

También, ha hecho hincapié en que "había una gran dificultad" para poder evacuar en el caso de cualquier incidente, por lo que la decisión que tomó la Delegación del Gobierno fue la de "permitir el acceso de los manifestantes a todas y cada una de las zonas del recorrido que habían propuesto", pero "evitar que los tractores estuvieran en esas calles concurridas, según decían el informe de la Policía Local".

Para la representante del Ejecutivo central en la región, la Delegación del Gobierno "tiene la doble función de garantizar los derechos de los ciudadanos y de hacerlo compatible con la seguridad, que está por encima de todo".

De este modo, ha lamentado que, cualquier incidente que se hubiera producido en esos días en Mérida, que "además coincidía" en que estaba declarada la alerta 4 antiterrorista reforzada, "pudiera haber provocado un colapso" y que "ningún bombero ni ningún coche de bomberos, ninguna ambulancia o cualquier otro servicio de emergencia" pudiera haber entrado en esas calles.

En este contexto, ha defendido que "era necesario tomar la decisión" y que la Delegación del Gobierno "tiene que velar fundamentalmente por la seguridad de los ciudadanos ante todo". "Y así se hizo", ha recalcado.

Finalmente, y sobre si la cuestión administrativa "fue comunicada o no dentro del plazo", ha recordado que ha sido dictaminada por el Tribunal Superior de Justicia, sobre lo cual ha afirmado que "ahora de lo que se trata es de ver la intencionalidad de esa resolución".

"Por supuesto ha sido una intencionalidad nada más que para garantizar los derechos de los ciudadanos a una seguridad y a que pudieran ser atendidos en cualquier incidente", ha concluido Yolanda García Seco.

Caravana de tractores

Según cabe recordar, inicialmente la caravana de tractores procedentes de Vegas Altas, Vegas Bajas y Tierra de Barros tenía previsto llegar hasta la sede de Presidencia en Mérida, para entregar al jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, un documento en el que exigían el cumplimiento de la Ley de Libre Competencia y la de Mejora de la Cadena Alimentaria, con el fin de que los agricultores perciban precios "más justos" por sus productos agrarios.

Sin embargo, el portavoz de la organización agraria, Luis Cortés, recibió sobre las 22,00 horas del día anterior en su domicilio particular una comunicación de la Delegación del Gobierno donde se expresaba un "cambio de criterio" por el que impedía que la tractorada llegara hasta la Presidencia de la Junta.

"Esa resolución apenas teníamos tiempo para recurrirla aunque presentamos la demanda a las 9,00 de la mañana la sentencia salió a las 16,00 horas", ha expuesto Cortés ante la puerta de los juzgados de Badajoz, para recalcar que según la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) "es ilegal, eso es vulnerar los derechos que tiene La Unión a manifestarse" porque les habían permitido un recorrido que "cambia" y "no" podían "recurrir" el que se les había "impuesto".

A este respecto, ha agregado que la propia sentencia dice que, aunque La Unión tenía "razón", "no se puede ejecutar la sentencia por el plazo", por lo que "no" les "queda más remedio que venir a pedir responsabilidades" por un presunto delito de prevaricación administrativa, que según fuentes judiciales consultadas por los medios podría conllevar una sanción económica o inhabilitación para cargo público.
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