Las estaciones de servicio extremeñas han perdido entre un 40% y un 60% de venta en los últimos diez años, en favor de las gasolineras ubicadas en las grandes superficies, las gestionadas por cooperativas de venta de gasóleo agrícola y por prohibiciones más actuales como la venta de alcohol y tabaco. Además, el 80% de las gasolineras están en manos de las petroleras Repsol, Campsa y BP, encargadas de fijar los precios, algo que no sucede en los demás establecimientos, que no tienen contratos exclusivos con ninguna compañía, por lo que pueden vender carburante más barato.

La situación es delicada, según explicó ayer el presidente de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Extremadura, Casto Bravo, que reclama las mismas condiciones para todas las partes. Para denunciar todo esto, las 150 gasolineras que agrupa este colectivo --hay 250 en total-- sólo abrirán una hora el 25 de mayo, secundando un paro a nivel nacional, como avanzó ayer este periódico.

La medida de presión fue ratificada ayer por los empresarios de gasolineras pertenecientes a esta asociación, que se reunieron en Mérida para analizar la situación y denunciar las desventajas que, a su juicio, padecen respecto a las gasolineras que sí pueden fijar el precio del combustible. Bravo reiteró que estos empresarios buscan una competencia "libre y verdadera" en beneficio de usuarios y empleados.

En este sentido, incidió en que no van en contra de estos sectores que adquieren sus carburantes en el mercado libre, sino que persiguen tener los mismos márgenes que éstos para así poder bajar también los precios, una rebaja que cifró en 0,036 y 0,042 euros por litro. Es decir, hasta 2,5 euros menos para llenar un depósito medio de 60 litros.

TABACO Y ALCOHOL Además, criticó, que esta competencia "desleal" que están sufriendo las estaciones de servicios las está llevando a un deterioro "histórico y progresivo" que se ha agravado, según dijo, con la prohibición de vender tabaco y alcohol, lo que ha recortado su capacidad de negocio. A este respecto, cifró en 720 euros mensuales las pérdidas por este concepto, una cantidad que sirve "para pagar la luz y el agua de una gasolinera media", comentó.

A esto hay que añadir que "hay una normativa que nos está asfixiando", dado que "ninguna cooperativa tiene el nivel de inspecciones que tenemos nosotros", y que "las petroleras nos tratan como a comisionistas".

Pero, ironizó, la situación aún puede empeorar más porque "dentro de poco las recargas de móviles tampoco se podrán hacer porque no se puede hablar por el móvil en las gasolineras".

Ante este panorama, explicó Bravo, las consecuencias son la pérdida de empleo y la búsqueda de "aditamentos para tener beneficios, vía lavado o tiendas".

Bravo dejó claro que estos empresarios quieren que exista competencia, "pero que todos luchemos con las mismas armas, con los mismos márgenes". Entonces, dijo, "bajarán los precios inmediatamente".