El sector de las estaciones de servicio extremeño ha pedido a la Junta de Extremadura la supresión, o cuando menos la reducción del céntimo sanitario, después de la decisión de Castilla y León de eliminar esta tasa, lo que deja a la comunidad en una posición de desventaja. El presidente de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Extremadura (Aresex), Fernando Mena, ha pedido a la Junta, en palabras a Efe, que minimice la incidencia del céntimo sanitario en la comunidad, por las repercusiones que puede tener.

Castilla y León ha suprimido, desde el 1 de enero de este año, el impuesto de hidrocarburos autonómico o céntimo sanitario, lo que permite a turismos y transportes ahorrarse cinco céntimos por litro en relación al repostaje en las gasolineras extremeñas. Extremadura tiene fijada una tasa de 38,4 euros/m3, lo que supone 4,59 céntimos de euro más por litro, si se tiene en cuenta el valor actual del gasóleo, respecto a Castilla y León.

Las gasolineras extremeñas más afectadas serán por tanto, entre otras, las ubicadas en la Autovía A-66 o Ruta de la Plata. Antes del 1 de enero, Castilla y León ya tenía una tasa más baja que la extremeña, pues era de 1,6 céntimos el litro, por lo que el sector reivindicó al presidente regional, Guillermo Fernández Vara, una reducción del céntimo sanitario.

Con la última decisión castellanoleonesa las repercusiones pueden ser mayores, como ha dicho, y confía en que la Junta de Extremadura tome una decisión al respecto. Distintas comunidades autónomas han decidido bajar o eliminar el céntimo sanitario en los últimos tiempos, y el boletín oficial autonómico de Castilla y León del 1 de enero pasado publicaba su supresión en este territorio.

Otra decisión autonómica en vigor desde principios de este año que también sería muy bien vista por el sector extremeño es la obligación, por parte de la Comunidad Valenciana, de que las gasolineras desatendidas dispongan de una persona, al menos en horario diurno. Valencia es la última comunidad que ha decidido tomar esta decisión, -Murcia, Islas Baleares y Aragón también legislaron en el segundo semestre de 2015 en este sentido- que obliga a las "low cost" a contar con personal.

Mena ha recordado que las gasolineras desatendidas juegan en ventaja con respecto al resto, pues se ahorran el coste de personal, pero ha defendido que una estación de servicio precisa de trabajadores por el tipo de material que emplea.