La mayoría de las 250 estaciones de servicio que hay en Extremadura prevén abrir sólo una o dos horas el próximo 25 de mayo, en una jornada de paro convocada por la Asociación Regional de Empresarios de Estaciones de Servicio de Extremadura, que agrupa a 140 de ellas. La protesta será seguida en toda España y persigue que los empresarios de las gasolineras puedan fijar los precios de los carburantes (ahora lo hacen las petroleras), además de mostrar su desacuerdo porque no puedan vender alcohol ni tabaco.

El paro será seguido por todas las estaciones representadas por la asociación extremeña y por algunas más, según comentó ayer a este periódico el presidente de este colectivo en la región, Casto Bravo, que espera un seguimiento masivo de esta medida de presión. "Las gasolineras estarán abiertas uno o dos horas a lo largo del día, porque no se pueden cerrar todo el día", indicó.

Esta protesta afectará en toda España a 4.000 estaciones de servicio, aunque hay comunidades como Baleares donde no se va a secundar el paro. Bravo señaló que "en lugares con mayor riqueza, como Madrid o Barcelona, no van a protestar, pero nosotros debemos hacerlo".

COMPETITIVIDAD Y EMPLEO La asociación extremeña está incluida en la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), encargada de convocar este cierre patronal en el país y que tiene como objetivo defender "la competitividad y viabilidad de las empresas, el mantenimiento del empleo estable y de calidad y la mejora del servicio y atención al usuario".

Las gasolineras tienen libertad de horarios, pero no pueden realizar paros patronales, por lo que los asociados a la patronal que secunden el cierre abrirán ese día durante una hora y cerrarán las 23 restantes.

La CEEES, que agrupa a 3.999 gasolineras, pretende que las compañías Cepsa y Repsol YPF cumplan las sentencias del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) que les obligan a dejar de fijar los precios de los carburantes y la supresión de los contratos de exclusividad de duración superior a la establecida por Bruselas con las petroleras.

Asimismo, la patronal quiere mostrar con el cierre su desacuerdo con las normativas que les impiden vender tabaco y alcohol en las gasolineras porque recortan su capacidad de negocio y son discriminatorias.

La facturación de las tiendas de las gasolineras se ha reducido un 30% entre el 1 de enero, cuando entró en vigor la ley antitabaco, y finales de febrero, según los datos de la Asociación Española de Operadores Petrolíferos (AOP).