La Delegación del Gobierno en Extremadura abrió, entre el 29 de abril y el 1 de julio, un total de 95 expedientes sancionadores por manifestaciones contrarias al proyecto de instalación de una refinería petroquímica en Tierra de Barros. Así lo explicó ayer el subdelegado del Gobierno en Badajoz, Inocencio Ramos, quien negó que la intención de las denuncias sea "callar o amedrentar a nadie por su oposición a la refinería".
Ramos señaló que los expedientes están en periodo de alegaciones y que los afectados disponen "de todas las garantías para su defensa", siempre dentro del ámbito administrativo, que es en el que actúa la Subdelegación, y no en el Derecho Penal. Además, dijo que se han propuesto "las sanciones mínimas que corresponden en cada caso".
Asimismo, explicó que estos actos se tienen que comunicar a la Delegación o Subdelegación del Gobierno y que éstas no pueden denegarlas porque sí, sino que deben conocerlas para proteger a los interesados de posibles contramanifestaciones y actos de violencia."No tiene que ver si los actos son por la refinería o no, a nosotros eso nos da igual, sólo aplicamos la normativa, somos totalmente neutrales"
CAUSAS DE LAS SANCIONES Ramos negó que la causas sean los insultos y abucheos en sí mismos, pues figuran acompañados de otros hechos, como no "comunicar las manifestaciones y concentraciones". Además, reconoció que en la denuncia del alcalde de Villafranca aparecen amenazas de muerte, y explicó que si no figuran en los expedientes es porque "es difícil saber quiénes son los autores".
Entre los expedientes figura uno por "desórdenes y actitud especialmente agresiva" frente al domicilio del presidente de la Junta, "y no porque sea el presidente, sino porque las manifestaciones ante domicilios privados están prohibidas por ley". Otra por el vuelo de una avioneta en Mérida durante la celebración --el 1 de julio-- de un consejo de ministros, sin observar las medidas de seguridad aérea.
Por su parte, el PP extremeño estudiará si la Delegación del Gobierno ha cometido delitos de prevaricación en las sanciones impuestas a los manifestantes, por considerar que "es una estrategia en la que sólo se denuncia una de las partes".
Según explicó ayer el portavoz regional del PP, José Antonio Monago, sólo se sanciona "injustamente" a los que están en contra, mientras que a los que se concentran para apoyar el proyecto, "nadie les dice nada".
El sindicato de CCOO pidió ayer a la delegada de Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira, que "facilite y promueva el sosiego social" en relación a las sanciones por las manifestaciones contra la refinería.
