El Gobierno central no tiene inconveniente en que los presidentes autonómicos constituyan una conferencia estable que reúna a las 17 comunidades al margen del Ejecutivo. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Francisco Caamaño, aseguró ayer que iniciativas como esta, pensadas para mejorar la cooperación, son bienvenidas porque redundan en beneficio del servicio a los ciudadanos. Como avanzó EL PERIODICO, el foro que pretenden impulsar varios presidentes, entre ellos los de Extremadura, Cataluña y Valencia, quiere ser un instrumento de colaboración para resolver problemas comunes y reducir costes en los ámbitos de competencia autonómica.

El Gobierno defiende que todo lo que sea un mayor entendimiento entre comunidades es positivo y no perjudica a los intereses del Estado porque no invade sus competencias. Además, las decisiones que afecten a la Administración central se seguirían adoptando en la Conferencia de Presidentes Autonómicos, impulsada por Rodríguez Zapatero y que, desde su creación, hace cuatro años, se ha reunido solo tres veces.

El Ejecutivo del PSOE reconoce que no es fácil convencer a todos los presidentes para que asistan a la conferencia. Con el objetivo de mejorar su operatividad, el Ministerio de Administraciones Públicas está negociando con distintas comunidades la redacción de un protocolo de funcionamiento que debería aprobarse en la próxima reunión, que no tenía aún fecha pero que, por culpa de la crisis, se verá al menos postergada seis meses.

El Gobierno defiende que la conferencia que preside Zapatero debería ser un "instrumento de ponderación política" y que para ello se está negociando con las autonomías un funcionamiento similar al de los consejos europeos. Se trataría de crear equipos de trabajo, de perfil técnico y permanente, que se encargarían de debatir los temas y acordarlos antes de celebrarse la cumbre.

El Gobierno es consciente de que los consejos interterritoriales --en los que participan consejeros de todas las autonomías-- tampoco acaban de funcionar. Considera que lo "ideal" sería regularlos por ley aunque la realidad es dura y, a menudo, las estrategias partidistas pasan por delante de los intereses de las comunidades. Es habitual que haya autonomías que no asistan a estas reuniones o incluso que las boicoteen. Ya pasaba cuando mandaba el PP y también ahora con el PSOE.