El Gobierno central tiene dudas sobre la Ley de Coordinación de Policías Locales de Extremadura que entró en vigor el pasado agostos. Por ello, el Estado y la Junta de Extremadura han creado un grupo de trabajo para negociar algunas «discrepancias» manifestadas en esta normativa regional. Si no se logran resolver a través de esta comisión bilateral, cabe la posibilidad de que el Gobierno central acabe recurriendo la norma al Tribunal Constitucional, como ya ha ocurrido con otras leyes extremeñas como la de emergencia social de la vivienda y la de exclusión social. También se está negociación actualmente en otra comisión bilaterl, sin llegar de momento al Constitucional, la modificación del Estatuto de los Consumidores de Extremadura que obliga a las gasolineras low cost a tener al menos un empleado.

No obstante, desde la Junta precisan que la constitución de este grupo de trabajo forma parte «de la más absoluta normalidad institucional» y «no significa en modo alguno que pueda concluirse en un recurso ante el Constitucional».

Es este caso, el Estado señala que existen discrepancias, en concreto, en siete artículos de la normativa extremeña. Son los que se refieren a las funciones de coordinación de los policías locales extremeños (artículo 5), la organización de las sustituciones o vacantes que se produzcan en el cuerpo (artículo 17) o los principios básicos de actuación (artículo 18).

Asimismo, el Gobierno central también pone en duda la legalidad de la asociación de municipios para la prestación del servicio de policía local, contemplada en el artículo 21 de la ley regional para aquellos pueblos limítrofes cuya suma no superen los 40.000 habitantes, las funciones propias recogidas en el artículo 23 y la situación de servicio activo en segunda actividad, una medida previa a la jubilación del personal (artículo 38).

Por último, también se pone en cuestión la disposición transitoria primera que recoge la figura del personal auxiliar de policía que podrá pasar a ser considerado agente aunque no tenga la titulación requerida siempre que acredite una antigüedad de 10 años como auxiliar de policía local y supere un curso específico de formación en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura.

TRABAJO / El acuerdo de creación de la comisión bilateral para negociar los siete artículos cuestionados fue publicado ayer en el Diario Oficial de Extremadura y también ha sido trasladado al Tribunal Constitucional.

Desde la Junta de Extremadura señalan que ya se viene trabajando en este tema con el Estado «desde casi la aprobación de la ley». De hecho, el proyecto inicial ya sufrió modificaciones antes de su visto bueno. La Consejería de Medio Ambiente, que tiene las competencias de la administración local, señala que la ley extremeña fue aprobada por unanimidad en la Asamblea, que se trata de una norma de una «enorme profundidad técnica y que llevaba 30 años sin actualizarse». «El hecho de que el Estado plantee dudas de carácter interpretativo o de aplicación práctica de determinados preceptos entra dentro de la más absoluta normalidad institucional», insiste.