De nuevo será necesaria la creación de una comisión bilateral entre el Estado y la Junta de Extremadura para poder permitir que una normativa regional siga en vigor. Esta vez el Gobierno central cuestiona varios puntos de la Ley de promoción y acceso a la vivienda (Ley 11/2019, de 11 de abril), que la Asamblea aprobó la pasada primavera. El DOE publicó ayer una resolución de 18 de julio de 2019 que establece la necesidad de establecer un grupo de trabajo para resolver discrepancias.
El Estado pone en duda concretamente 12 artículos de la citada normativa (9, 36, 40, 44, 47, 50, 51, 52, 92 f), 93 o) y j), 95 g) y 121) que se refieren a muy diversos asuntos. Por ejemplo, al deber de colaboración de las Administraciones Públicas, los colegios profesionales implicados, los notarios y los registradores en materia de vivienda.
Igualmente, hace referencia al derecho real de retracto que recoge esta ley, que otorga a la Junta preferencia a la hora de adquirir una vivienda protegida.
CONTENIDO DE LAS OFERTAS / También pone en duda las especificaciones generales (o lo que es lo mismo, el contenido concreto) que se debe incluir en una oferta de venta o arrendamiento.
El Gobierno central cuestiona además el punto sobre los pagos anticipados de viviendas en proyecto o construcción y el artículo sobre la formalización del contrato de alquiler.
Otra de las discrepancias se refiere a la función y obligaciones que han de cumplir los agentes que intervienen en la prestación de servicios inmobiliarios.
Se duda, del mismo modo, de que se pueda considerar una infracción incumplir la obligación de comunicar a la Administración regional la transmisión de una vivienda protegida.
Y, por último, sobre en qué momento se declara que una vivienda está desocupada.
En este sentido, la ley iba a incluir un artículo propuesto por Podemos para que se aplicara un impuesto a los propietarios de estos inmuebles que estuvieran sin ocupar más de dos años, pero finalmente la formación morada aceptó una enmienda de los socialistas para que en un plazo de 18 meses la Junta elaborase una normativa para la creación de una tasa a los «grandes tenedores de viviendas».
Pero de momento no existe borrador de tal tributo y el Estado tampoco se ha manifestado al respuesto en su cuestionamiento de Ley de promoción y acceso a la vivienda.
La misma se aprobó solo con los votos a favor del PSOE. Además de Podemos, también se abstuvo Cs. El PP votó en contra al considerar que era demasiado intervencionista y que algunos de sus preceptos chocaban con la Constitución.
