El Gobierno estudia "la posibilidad de adoptar medidas de apoyo para aquellas economías más precarias que se resientan en el transcurso de tiempo que se prolongue el proceso judicial". Así lo anunció ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en su comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros, en la que también confirmó que el Gobierno ha aprobado la aportación a las organizaciones de consumidores y usuarios de "los recursos necesarios" para atender a los afectados por la estafa filatélica protagonizada por Fórum Filatélico y Afinsa, entre los que incluyó la "defensa judicial gratuita".

"El Gobierno se preocupa de todas aquellas personas que en la medida en que pueda ser un juicio largo, sus economías, por ser más precarias, puedan verse afectadas", señaló De la Vega que afirmó que el Ejecutivo ya está buscando para ellos medidas de apoyo financiero. "Pero evidentemente vamos a tratar que los bienes salgan del patrimonio de las empresas implicadas", manifestó.

De otro lado, los directivos de Afinsa y Fórum Filatélico declararon ayer ante los jueces de la Audiencia Nacional encargados del caso. Los responsables de Afinsa admitieron que la compañía tenía déficit, pero que su "dinámica" era "legal" y que con la "actividad normal" se podía hacer frente a los pagos.

Ante el juez, varios de los acusados reconocieron además que la operativa de Afinsa tenía "riesgo", pero "controlado", y añadieron que el agujero patrimonial de la compañía es menor que los 1.105 millones de euros que cifra la Agencia Tributaria.

Según fuentes jurídicas, los acusados defendieron en todo momento que la empresa puede ser viable y, con ello, devolver las inversiones de los clientes calculadas en 1.750 millones de euros.

El proveedor de sellos a Afinsa, Francisco Guijarro, justificó que se encontraran en su domicilio 20.000 billetes de quinientos euros, ya que son "fruto de las ganancias de los sellos".

Por su parte, el presidente de Fórum Filatélico, Francisco Briones, y el consejero de la entidad Miguel Angel Hijón reconocieron ante el juez que los sellos que vendía la empresa estaban sobrevalorados, una de las acusaciones que les imputa la Fiscalía.

Según fuentes jurídicas, ambos acusados insistieron en que la sobrevaloración de estos bienes tangibles no supuso nunca un problema para los clientes, ya que la empresa los recompraba y no hacía falta colocarlos en el mercado.