El Gobierno de Extremadura ha entregado durante esta legislatura 18 viviendas de promoción pública a otras tantas familias que perdieron su hogar tras sufrir problemas económicos que han derivado en una ejecución hipotecaria a instancias del banco.
En un comunicado, el Ejecutivo regional explica que esto está siendo posible gracias a la campaña de inspección del parque de 14.270 viviendas públicas que está realizando la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, para detectar disfuncionalidades en su uso de cara a recuperarlas y readjudicarlas a ciudadanos que las necesitan.
La campaña de inspección ha permitido comprobar que 10 por ciento de estas viviendas no están ocupadas, lo están de forma ilegal o acogen actividades antisociales, lo que ha posibilitado que desde finales de 2011 se hayan recuperados un total de 193 viviendas públicas a las que sus adjudicatarios iniciales no estaban dando un uso legal.
Todas ellas, según el Gobierno extremeño, han sido readjudicadas de forma directa a personas en situación de urgente y extrema necesidad.
En ese sentido, el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, Víctor del Moral, asegura no entender cómo es posible que portavoces de la denominada Plataforma de Afectados por la Hipoteca critiquen en los medios de comunicación la actuación de la Administración autonómica, cuando la política social que se está desarrollando va encaminada, en este caso, a "dar un hogar a quienes se han quedado sin él por no poder pagar la hipoteca al banco".
Con respecto a la campaña de inspección del parque regional de viviendas de promoción pública, a cierre de agosto había llegado al 63 por ciento de ellas.
Según Fomento, el resultado de las inspecciones revela por ahora que un 8,07% de las viviendas visitadas están desocupadas, un 4,97% están habitadas por personas que no pueden acreditar su titularidad y un 1,13% están ocupadas ilegalmente.
Además, un 2,55% de las casas carecen de agua corriente y el 2,58% no tienen luz, mientras que en el 0,57% de ellas se ejercen conductas antisociales, según informaciones contrastadas ofrecidas por los vecinos.
En 2012 se ejecutaron 44 procesos de alzamiento de estas viviendas: 17 en Cáceres, 14 en Badajoz, 6 en Mérida, 2 en Plasencia y 5 en otros municipios de la provincia cacereña. De ellos, 38 fueron desahucios y 6, entregas voluntarias por parte de los adjudicatarios.
Asimismo, en 2013 se han ejecutado hasta la fecha 25 desahucios: 10 en Cáceres, 3 en Badajoz, 2 en Moraleja y 10 en diferentes municipios de la provincia de Badajoz.
El Gobierno de Extremadura ha tenido que realizar una inversión aproximada de 700.000 euros para acondicionar estas 69 viviendas recuperadas antes de ser entregadas a los nuevos moradores.
La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, en estrecha colaboración con la Delegación del Gobierno, ha ejecutado esta semana las últimas cinco resoluciones judiciales de desahucios de viviendas de promoción pública, todas ellas en el barrio cacereño de Aldea Moret.
Los cinco pisos no estaban siendo destinados por los adjudicatarios a domicilio habitual y permanente, como establece la legislación.
