El Gobierno extremeño aprueba hoy un nuevo decreto que flexibiliza las condiciones para que las familias de la región que han perdido su vivienda habitual por un desahucio puedan acceder a las viviendas sociales de las que dispone la administración regional.
El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, Víctor del Moral, especifica que actualmente la Junta dispone de 80 viviendas sociales con cédulas de habitabilidad a las que pueden acceder las familias que han sufrido una ejecución hipotecaria.
Del Moral destaca que el Gobierno extremeño "está siendo pionero en la puesta en marcha de estas medidas" para paliar la situación de las familias que han perdido su primera vivienda y ha recordado que en este año ya once familias extremeñas que habían sufrido un desahucio por no pagar su hipoteca han sido realojadas en viviendas sociales de la Junta.
Además, especifica que a día de hoy hay 35 familias más que han solicitado una vivienda social tras haberse visto sometidas a una ejecución hipotecaria.
Estas viviendas se conceden mediante un procedimiento de adjudicación directa tras el pertinente informe elaborado por la Comisión Técnica de Intervención Social que determina si la familia solicitante cumple con los requisitos establecidos.
Ahora, el nuevo decreto se hará extensivo a todas aquellas unidades familiares que se hubieran visto afectadas por la pérdida de su vivienda por ejecuciones hipotecarias finalizadas a partir del día 1 de enero de 2011, lo que establece una retroactividad superior a dos años.
Asimismo, el nuevo decreto flexibilizará las condiciones de los ingresos de la unidad familiar y retira el requisito que se establecía en la anterior normativa de un tiempo mínimo de residencia efectiva en el municipio de tres años, además de contemplar la posibilidad de entregar una vivienda social en otra localidad distinta a ésta.
El contrato, según el consejero, tendrá una duración de tres años prorrogables si se mantienen las dificultades económicas de los beneficiarios y las rentas de alquiler serán iguales que las que se establecen para las viviendas de promoción pública.
Del Moral precisa también que en cuanto a minoraciones de renta de las viviendas sociales, desde el 1 de enero se han beneficiado de esta medida 337 familias que se han visto afectadas por pérdida de empleo y que no tienen que pagar ninguna renta durante dos años por la ocupación de estos pisos.
El consejero de Fomento considera "demagógica y extemporánea" la propuesta del "Campamento Dignidad" de arreglar ellos mismos viviendas vacías para que fueran ocupadas por familias que están en la calle.
Este tipo de iniciativas, a su juicio, "lo único que traen es problemas", ya que "las viviendas pueden estar vacías pero tener un destinatario claro" como ocurrió la semana pasada cuando fue ocupada un vivienda social en Almendralejo por el sistema de "la patada en la puerta".
En ese sentido, precisa que había 21 viviendas en esta localidad, "la mayoría de ellas recuperadas de desahucios o dejadas por sus inquilinos porque dejaron de cumplir las condiciones", en las que el Gobierno extremeño ha invertido "un importante montante de dinero" y que estaban en proceso de adjudicación.
Ahora una de ellas, agrega, no podrá ser entregada a la familia que cumplía los requerimientos legales establecidos para ello y que tenía previsto ocuparla a partir de mañana.
El consejero destaca que el Ejecutivo extremeño dispone de "medidas claras y contundentes para que nadie esté en la calle" y ha recalcado que "si alguien precisa una vivienda de verdad, porque no tiene donde vivir", el Gobierno de Extremadura estaría dispuesto a si hiciese falta, que no es el caso, alquilar una vivienda en el mercado libre y ponerla a disposición de esa persona si cumple los requisitos establecidos.
Lo que no puede imperar, ha insistido, es "la ley de la selva, la ley del mas fuerte, de la patada en la puerta".
