El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprueba un decreto por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la comunidad, con el fin de garantizar la defensa del medio ambiente, la reducción del impacto paisajístico y la preservación de los recursos naturales.
En concreto, entre los objetivos del decreto están garantizar que la recogida, transporte, reciclado, valoración y eliminación de los residuos se lleven a cabo con las mejores técnicas disponibles; promover las condiciones técnicas y administrativas necesarias para garantizar la reducción en la generación de residuos, así como su reutilización, reciclado y eliminación; y recuperar, cuando sea factible, los recursos contenidos en dichos residuos contribuyendo a un desarrollo sostenible de las actividades de construcción y demolición.
Otros fines son facilitar la gestión adecuada de los diferentes residuos mediante una previa separación en origen; garantizar la eliminación ordenada de los residuos no valorizables; disponer de la información necesaria para elaborar un sistema estadístico de generación de datos sobre este tipo de residuos; y fomentar la reutilización de los residuos recuperados por las diferentes administraciones con su inclusión en pliegos de obras públicas.
Por otra parte, queda prohibido el abandono y vertido incontrolado de los residuos, así como su depósito en vertederos, sin que hayan sido sometidos a la correspondiente operación de tratamiento.
También se prohíbe la eliminación de los residuos que no esté debidamente autorizada, especialmente la llevada a cabo mediante la incineración incontrolada, o sin haberse realizado una selección y clasificación previa de los mismos. Por último, se sanciona la mezcla de residuos que dificulte su correcta gestión.
El decreto también clasifica los residuos de construcción y demolición atendiendo a su tratamiento; regula la producción, posesión y las distintas modalidades de gestión de los residuos; reglamenta la creación y funcionamiento del registro de gestores de residuos de construcción y demolición; y establece el régimen de control, inspección y sanción.
