El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha subrayado hoy su compromiso con la defensa de los intereses del sector tabaquero, tras asegurar que encabezará sus reivindicaciones ante el Gobierno central y ante "quien haga falta".

"No haya nada que no separe de los intereses de los agricultores y de los tabaqueros", ha reiterado el jefe del Ejecutivo extremeño al ser preguntado en rueda de prensa por el anuncio de Altadis de cerrar su fábrica de cigarrillos de Agoncillo (La Rioja).

Extremadura concentra el 95 por ciento de la producción española de tabaco, una región que el pasado año cosechó 32 millones de kilos y donde más de 10.000 agricultores cultivan tabaco que destinan a la planta de Agoncillo.

De hecho, Vara ha anunciado que se reunirá pasado mañana con su homólogo riojano, José Ignacio Ceniceros, en una cita que tendrá lugar en Extremadura y en la que se analizará la situación de incertidumbre que ha generado el anuncio de Altadis.

Hoy mismo el presidente extremeño, que ya se reunió con Altadis el pasado mes de septiembre, tiene previsto mantener un encuentro de trabajo con representantes de Philips Morris y en los próximos días con Japan Tobacco.

Las organizaciones agrarias UPA-UCE y Asaja le pidieron la pasada semana que liderara las reivindicaciones del sector ante el Ministerio de Agricultura ante la situación "cada vez más complicada" que vive el sector.

Para Asaja, las multinacionales deben comprar el tabaco que actualmente se consume en España porque "no se entiende" que sólo adquieran 32-22 millones de kilos cuando el consumo se eleva a 46 millones, una situación que ha achacado a la fiscalidad que se aplica en el país.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista-SIEx ha registrado en la Asamblea de Extremadura una propuesta de pronunciamiento que reclama al Gobierno su apoyo para llevar a cabo acciones encaminadas a garantizar la estabilidad para el sector tabaquero.

Entre otras medidas, propone acuerdos plurianuales de compra de tabaco más allá de la cosecha de 2017, el mantenimiento del empleo vinculado al sector, luchar contra el fraude, revisar la fiscalidad del producto y facilitar la mejora y la sostenibilidad de la producción, según ha informado el PSOE en una nota.