Nuevo retraso en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la refinería que el industrial Alfonso Gallardo ha proyectado en Tierra de Barros. Ahora el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MAMRM) solicita al de Industria que el promotor facilite más datos sobre los vertidos que generaría, la capacidad de tratamiento de las instalaciones de depuración, sobre el oleoducto y poliducto que unen la refinería con el puerto de Huelva, y las instalaciones en Huelva, según el propio MAMRM. Esta nueva petición la realizó hace una semana y supone el cuarto aplazamiento; el último, el pasado mes de diciembre, cuando solicitó información sobre el impacto en Huelva y la Vía de la Plata, ruidos, afección paisajística y el oleoducto. Hay que recordar que la DIA está atascada desde el 30 de octubre del 2008, fecha en la que Medio Ambiente recibió todo el expediente relativo a esta instalación (el estudio ambiental completo y las alegaciones), cuando el plazo para resolver este asunto es de tres meses desde que se recibe ese informe; es decir, tenía que haberse pronunciado sobre la DIA en enero del año pasado.
Hace justo un año, el 23 de febrero del 2009, ya pidió al promotor de la planta nuevos datos sobre "algunas cuestiones relacionadas con la dispersión de contaminantes atmosféricos", hecho que este departamento califica como "práctica habitual". Además, en el 2007 Gallardo ya presentó un estudio de impacto atmosférico de la refinería realizado por el CSIC, la Universidad de Huelva y el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, y coordinado por la Universidad de Extremadura.
Esto supone que no hay fecha para que se resuelva la DIA, cuestión previa a la aprobación del proyecto tal y como está, la aprobación con modificaciones o su rechazo.
Lo cierto es que la tramitación del proyecto lleva acumulando retrasos desde hace años por cuestiones burocráticas. Según la documentación de Medio Ambiente, la solicitud de autorización de la refinería se produjo por parte de Gallardo el 9 de junio del 2005, pero hasta un año después (21 de abril del 2006) no se inició la fase de consultas previas, y pese a que se disponía de tres meses para trasladar a la empresa las respuestas, no se hizo hasta ocho meses después, el 15 de diciembre del 2006.
Se abrió entonces un nuevo plazo de dos años máximo para que Gallardo elaborase el Estudio de Impacto Ambiental, este documento se sometiese a información pública y se entregasen las alegaciones a Medio Ambiente. Fue el único plazo que se cumplió (22 meses).
En este punto es en el que de nuevo se ha atascado la tramitación necesaria, el último escollo para la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
REACCIONES Este retraso ha provocado múltiples reacciones políticas. La última, la del Grupo Parlamentario Socialista, que reclamó hace un mes al Gobierno de Rodríguez Zapatero que emita ya su Declaración de Impacto Ambiental sobre este proyecto, porque ya se ha "esperado suficiente". En este mismo sentido se expresó en diciembre el consejero de Industria, José Luis Navarro, que considera "excesivo" el tiempo que está tardando el ministerio; mientras que el propio Vara anunció en noviembre que "en no muchos meses" se aprobaría la DIA.
