Ninguna comunidad perderá con la reforma del sistema de financiación autonómica que propone el Gobierno. Esta es la garantía que ofreció ayer su vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, que aseguró que el nuevo modelo garantizará una financiación suficiente para las competencias transferidas y asegurará igual cobertura de las necesidades básicas a todos los ciudadanos.

En una rueda de prensa para presentar las bases de la reforma, Solbes también afirmó que el Gobierno podrá poner en marcha recursos adicionales, en función de sus disponibilidades presupuestarias, para reforzar el Estado del Bienestar, y añadió que se repartirán según la evolución de la población de las comunidades. Asimismo, propuso una cesión en torno al 50% en el IRPF, el IVA, y los Impuestos Especiales a las comunidades. Si bien, en cuanto a estos últimos, el Estatuto de Cataluña contempla una cesión de 58%, por lo que el secretario de Estado de Economía y Hacienda, Carlos Ocaña, aseguró que se trabaja bajo esa hipótesis.

En todo caso, destacó que la ley aumentará la autonomía financiera de las comunidades y su capacidad normativa. También insistió en que las concreciones sobre este asunto se alcanzarán en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebrará el próximo día 22, aunque garantizó que "se preservará la coherencia del sistema tributario público".

BALANZAS En este contexto, desvinculó el "esfuerzo fiscal" de las comunidades, aspecto que se tendrá en cuenta en la nueva ley, con los datos de las balanzas fiscales recién publicadas. A su entender, dichos datos son "útiles" e "interesantes", pero no aportan nada al constatar que "las comunidades con ingresos más altos aportan más al Estado", algo "evidente" en un modelo autonómico.

El vicepresidente aseguró que la propuesta del Gobierno pretende recoger los elementos "aceptables" de las posiciones trasladas al Ministerio por las comisiones después de una ronda de contactos bilaterales, aunque auguró un proceso de negociación difícil.