El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) vigilará la negociación de precios de la uva entre agricultores e industrias vinícolas para detectar si se produce una pérdida de ingresos en los productores, según explicó ayer la secretaria de Medio Rural del ministerio, Alicia Villauriz, en una comparecencia en Mérida. Según afirmó, si se observa una pérdida para los agricultores derivada de esta negociación, "la Administración General del Estado intervendría", con el objetivo de "garantizar la renta" de los profesionales del sector.
Villauriz hizo estas manifestaciones acompañada por el consejero de Agricultura, Juan María Vázquez, poco antes del inicio de una reunión con representantes del sector vitivinícola extremeño, a la que asistieron miembros de UPA, Coag, Apag, Asaja, Unexca, Invida, Vinícolas del Oeste, Denominación de Origen Ribera del Guadiana, Viñaoliva y Asevex.
El objetivo del encuentro era despejar dudas de los productores y bodegas sobre la aplicación de la nueva OCM del vino, que entró en vigor a principios de agosto, de cara a la campaña de la vendimia que está a punto de iniciarse.
En este sentido, Vázquez, tras llamar la atención sobre la importancia del sector en Extremadura, segunda productora nacional de vino y con una estructura de la propiedad "que convierte a este cultivo en un cultivo social", destacó que el acuerdo final sobre la OCM fue satisfactorio, ya que se logró el sobre nacional (fondos a los Estados para apoyar al sector), una disminución en las hectáreas a arrancar y un descenso menor de lo previsto en las ayudas a la regulación del mercado.
ORIENTADA AL MERCADO Por su parte, la representante del ministerio dijo entender la incertidumbre que surge en esta nueva etapa, y señaló que la reforma cambia una regulación orientada hacia la eliminación de la sobreproducción mediante ayudas al almacenamiento y a la destilación, por un sistema de ajuste de la producción al mercado, con ayudas cada vez más desacopladas para que no distorsionen ese mercado.
Dentro de las nuevas medidas, Villauriz destacó que se establece la negociación para acordar los precios de la uva, pero que la Administración dispone de fondos para "intervenir si hay que intervenir" y garantizar las rentas. La secretaria de Medio Rural señaló que aún no se ha decidido cómo se reparte el sobre nacional, aunque señaló que se dispone de 350 millones durante cinco años para acometer las medidas "donde quizá haya menos margen en los dos primeros años, porque hay que pagar las compensaciones por arranque".
En todo caso, explicó que el acuerdo en el seno de la UE fija que los fondos pueden distribuirse como cada Estado disponga, con lo que se adaptarán las partidas a lo que se vaya demandando en cada situación.
Mientras, el consejero extremeño señaló que "el quid de la cuestión está en saber a cuanto se pagará el kilo de uva, y eso es algo que se está ahora negociando. Una vez que el mercado opere será el momento de ver cómo ha quedado la situación para los agricultores".
