El Gobierno central vuelve a denegar a Extremadura la compensación de 33,8 millones de euros por los gastos asumidos antes del traspaso de las competencias sanitarias en el 2001. Según informó ayer el consejero de Administración Pública y Hacienda, Angel Franco, tanto la Intervención General de la Seguridad Social como el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), han rechazado de nuevo la reclamación.

La Seguridad Social, "como ya pensaba la Junta, declinó su competencia", e Ingesa "la desestimó argumentando que se trataba de un asunto que ya había sido juzgado, que las cantidades reclamadas habían prescrito y que la reclamación de los pagos no efectuados por el (entonces) Insalud, debían efectuarse a la propia comunidad". La decisión de recurrir a estos dos organismos se tomó después de que el asunto se llevara al Tribunal Supremo y la sentencia fallara en contra de la Junta el pasado mes de julio. Y sus posiciones, sobre todo la del Ingesa, son para el consejero, una "contradicción", puesto que el instituto "insta a la propia comunidad a reclamarse los pagos a sí misma".

Franco aseguró que "se ha decidido continuar el procedimiento para reclamar los 33 millones de euros, lo que se hará mediante un recurso contencioso-administrativo", que ya fue firmado por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el pasado viernes. "Será un nuevo proceso complejo y lento, pero que en ningún caso vamos a abandonar", concluyó.

También afirmó que el equipo de Gobierno autonómico "acata la sentencia del Supremo pero rebate sus argumentos, y está convencido de que hay una razón indiscutible" sobre la existencia de una deuda real de la Administración General del Estado con nuestra comunidad, por lo que se utilizarán todos las herramientas legales posibles para demostrarlo". Opinión que se vuelve "más firme" tras el análisis de las distintas sentencias que se dictaron para otras regiones, como Murcia, Aragón o Castilla y León".

Todas las comunidades excepto Madrid, Baleares y Cantabria, "gobernadas por el PP en tiempos de Aznar, que es cuando se produjo el traspaso", reclamaron la devolución ante el Tribunal Supremo o la Audiencia nacional (puesto que el decreto que lo regulaba no especificó qué organismo era el responsable). Y de ellas, Extremadura es única que no lo ha recuperado.

Quizá porque la Junta lo reclamó en el 2004, mientras que el resto de autonomías lo hizo en el 2002. Un retraso que Franco achaca a "la lealtad institucional que siempre ha regido las relaciones con la Administración General y no poniendo en duda la devolución de los gastos".