La subdelegada del Gobierno en Badajoz, Yolanda García Seco, solicitó ayer la colaboración de todas las administraciones para evitar que se formen campamentos ilegales de ciudadanos extranjeros que llegan a la región para trabajar en la recogida de fruta. La mayoría de los temporeros que acampan de forma ilegal son comunitarios y por tanto el Gobierno "no puede actuar contra ellos basándose en la ley de extranjería", explica.
Por ello la solución está en prevenir, según García Seco, con el fin de evitar la formación de estos asentamientos. Para ellos el Ejecutivo cuenta con la colaboración de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, las diputaciones, la Confederación Hidrográfica del Guadiana y las fuerzas de seguridad. A esta colaboración, la subdelegada pidió que se unan los municipios a los que instó a publicar una ordenanza que impida la acampada libre en su término.
Desocupar estos asentamientos es una "labor dura, en la que además de la actuación policial, es necesaria una labor pedagógica y preventiva, puesto que el objetivo es que estos ciudadanos tengan un trabajo digno y unas condiciones de vida adecuadas". Respecto a otros veranos, este año "han disminuido los campamentos". El año pasado se intervino en todos. "Los problemas fueron menores, pero hay que seguir trabajando".
