La ministra de Agricultura, Elena Espinosa, aseguró ayer que el Gobierno del PP ha utilizado en los últimos cuatro años el Plan Nacional de Regadíos para discriminar a las comunidades autónomas no gobernadas por ese partido. Es el caso de Extremadura, donde, apuntó Espinosa, una vez alcanzado el ecuador del proyecto --tiene un horizonte de aplicación 2000-2008-- la ejecución del mismo no alcanza ni siquiera el 20%.
La titular de Agricultura insistió --tras mantener un encuentro de una hora con el presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra-- en que su objetivo es "potenciar y acelerar" los trabajos en aquellas regiones "que han quedado" aparcadas en los últimos tiempos. En esta misma línea, avanzó que a partir del mes de septiembre el ministerio contactará con todas las comunidades para iniciar los trabajos para redactar el nuevo Plan Nacional de Regadíos.
Otro de los puntos tratados en la reunión, celebrada ayer en Mérida, fue el de la regionalización del cultivo del arroz, puesto que en el último reparto aprobado la comunidad perdió 5.000 hectáreas. La ministra señaló que su gabinete está estudiando en estos momentos todas las opciones, aunque en cualquier caso, aclaró, ese acuerdo sólo es válido durante un año y en diciembre se volverá a negociar.
Por lo que se refiere a la situación generada en la comunidad tras la reciente reforma de la OCM tanto del tabaco como del olivar, Espinosa defendió los resultados logrados en la negociación. En este sentido, explicó que las ayudas que percibirá el olivar extremeño aumentarán un 15,05% gracias a que se ha incluído la campaña de 1999 entre los años de referencia.
SECTOR TABAQUERO Por lo que se refiere al tabaco, está convencida de que en el 2010 el cultivo no desaparecerá de la región pese al desacoplamiento de las ayudas puesto que "hay un plazo amplio para ir trabajando" en este objetivo. Tanto es así que llegó a decir que "no hay el más mínimo riesgo de que este cultivo vaya a desaparecer".
Espinosa anunció, por otra parte, que a partir de ahora se abrirá un intenso proceso de negociación y diálogo con la comunidad autónoma para intentar aparcar los numerosos recursos legales que las administraciones central y extremeña se han cruzado en los últimos tiempos por numerosas normativas, la última la del reparto del arroz. La ministra asumió que se trata de un "proceso complejo", porque en muchos casos los trámites judiciales están muy avanzados, aunque se mostró confiada en resolver "por la vía del diálogo" el "99,9% de los casos".
