El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer una orden que reduce para el período impositivo del 2017 —el de la campaña de este año— los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF para las actividades agrícolas y ganaderas que estén afectadas por circunstancias excepcionales, entre ellas la sequía. Esta medida supondrá una rebaja de la base imponible de 580 millones de euros a nivel nacional, de acuerdo a los cálculos del Ministerio de Agricultura.

La delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, calificó de «respaldo muy importante» para el sector esta medida, cuyo impacto cifró en 43 millones de euros respecto a un año normal. Sin embargo, tanto desde APAG Extremadura Asaja como desde UPA-UCE se consideró que las bonificaciones fiscales aprobadas por el Ejecutivo central se quedan muy cortas, dada la problemática situación que atraviesa el sector en la comunidad autónoma.

Los índices de rendimiento neto son los que se multiplican por el volumen total de ingresos del agricultor o ganadero para establecer su base imponible cuando esta se calcula por el método de estimación objetiva del IRPF. Es posible tributar por esta vía siempre que los rendimientos íntegros en el año inmediato anterior no superen los 250.000 euros. Por debajo de esta cifra es opcional, pero es la alternativa escogida por la mayor parte de los profesionales. En el 2015, último ejercicio con datos disponibles, la Agencia Tributaria tramitó 61.841 liquidaciones en Extremadura con este sistema relativas a actividades agrícolas, forestales y ganaderas (958.683 en toda España).

«Es un respaldo muy importante el que ofrece el Gobierno de España a los agricultores y ganaderos después de un último año muy duro —desde el punto de vista climatológico— por el que han pasado», aseguró ayer la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera. En Extremadura, el efecto de estas reducciones, agregó, es «especialmente significativo» por tratarse de producciones agrícolas habituales dentro del ámbito territorial.

En función de las dificultades, ya sean climáticas o de otro tipo, que puedan atravesar en cada periodo impositivo las diferentes actividades agrícolas y ganaderas, las organizaciones profesionales agrarias trasladan a las administraciones autonómica y central sus peticiones de rebaja en los respectivos índices. Posteriormente, es el Ministerio de Agricultura el que eleva una propuesta al Ministerio de Hacienda, que es quien finalmente establece las reducciones por sectores y ámbito territorial.

«Nos parece positivo que haya salido la orden. Es una demanda que habíamos planteado, y en ella aparecen bastantes sectores, pero no con los porcentajes que deberían», resumía ayer Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE Extremadura.

«En los sectores ganaderos nosotros demandábamos que esas reducciones fueran más altas. En el caso del vacuno de carne en extensivo, por ejemplo, pasar del 0,13 al 0,09 es una reducción pequeña dada la situación tan grave que está atravesando el sector», explicó Huertas. En este sentido consideró que todas las producciones ganaderas «deberían haber estado en un índice muy próximo al cero o en cero que es lo que nosotros veníamos pidiendo».

En parecidos términos se expresó a la hora de valorar el recorte del índice en la fruta de hueso, del 0,37 al 0,20, pero que «tendría que haber sido mucho mayor porque la crisis que ha tenido el sector [por los bajos precios] ha sido muy importante y se viene arrastrando desde hace ya varios años». Otro aspecto en el que Huertas incidió es en que, en el cultivo del tomate, se incluyen todos los términos municipales de la provincia de Badajoz, pero no los de Cáceres, en los que la «problemática ha sido exactamente igual», dejando así fuera localidades «tan importantes» en este sector «como Miajadas o los pueblos que están a su alrededor».

Para el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, la orden publicada ayer no recoge «las necesidades ni las dificultades que ha sufrido el campo extremeño en el pasado ejercicio». «Habíamos solicitado una rebaja de módulos de carácter general y lo que se ha hecho aquí es mantener la situación que teníamos el año anterior. Tan solo vemos que se mejora un poquito la apicultura y la aceituna de mesa. Las demás producciones: ganaderas, cereales, olivar o vid, prácticamente continúan igual. Nos parece muy insuficiente», remarcó Metidieri, quien, no obstante, consideró que «todavía hay margen» para intentar que el Gobierno mejore «estos coeficientes y nosotros vamos a trabajar en ello».

COOPERATIVAS / Desde el Departamento Jurídico y Seguros de Cooperativas Agro-alimentarias, el técnico Jesús Gustrán realizó ayer una lectura «tremendamente positiva» de esta medida, que viene a recoger las demandas del sector agrario para responder a un 2017 «catastrófico» por sequía, heladas o pedriscos; el segundo con mayor siniestralidad después del 2012.

Gustrán refirió que el sector primario había reclamado en las reuniones que ha mantenido hasta la fecha con el Gobierno que se aplicara «una discriminación positiva» para el campo mediante una reducción impositiva a los agricultores y ganaderos a tenor de las circunstancias excepcionales que sufrieron durante 2017. Asimismo, apuntó que los ministerios de Agricultura y de Hacienda suelen ser «sensibles» cada año para incluir nuevas zonas si detectan «desajustes» o áreas no atendidas, informa EFE.