Tal y como estaba previsto, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), presidido por la titular de Hacienda, María Jesús Montero, aprobó ayer los nuevos objetivos de déficit para las comunidades autónomas de cara a los próximos tres años. La propuesta del Gobierno consiguió el respaldo de siete regiones (Extremadura entre ellas a través de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, presente en la cita), mientras que otras seis se posicionaron en contra y la Comunidad Valenciana se abstuvo, según informa Europa Press.
La propuesta del Gobierno supone, a corto plazo, rebajar dos décimas el objetivo de déficit de las regiones de cara a 2019, de forma que pasará del 0,1% del PIB previsto al 0,3%, lo que se traducirá en un incremento de los recursos autonómicos de alrededor de 2.400 millones de euros. Para Extremadura significará poder gastar casi 40 millones de euros más.
Junto al Gobierno se posicionaron a favor de la nueva medida las comunidades de Asturias, Castilla-La Mancha, Aragón, Andalucía, Baleares, así como Extremadura, todas gobernadas por el PSOE; y Cantabria, del PRC (Partido Regionalista de Cantabria).
los VOTOS EN CONTRA / En contra votaron la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia, Murcia y La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, controladas por el PP, además de Canarias, donde gobierna Coalición Canaria. Mientras que la Comunidad Valenciana, en la que el presidente es el socialista Ximo Puig, registró la única abstención.
Asimismo, Cataluña no acudió a la reunión (País Vasco y Navarra se rigen por su propio régimen foral).
En este sentido, las comunidades autonómas acudieron a esta cita exigiendo que no existan negociaciones bilaterales (una opción de la que es más partidaria Cataluña) y que sean multilaterales a la hora de abordar la financiación.
Los representantes regionales pidieron «hablar» en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, «con transparencia y confianza». Y en esta línea insistieron en afrontar cuanto antes la reforma del modelo de financiación, pese a que el Gobierno haya avisado de que no hay tiempo material para acometerla en esta legislatura.
