El consejero de Justicia del Gobierno Vasco, Joseba Azkarraga (EA), criticó ayer con severidad la decisión del Tribunal Constitucional de anular 225 candidaturas en Euskadi y Navarra por su vinculación con la ilegalizada Batasuna. Azkarraga sostuvo que la sentencia permite consumar "el pucherazo cocinado en la Moncloa" y acusó al presidente del alto tribunal, Manuel Jiménez de Parga, de cometer un delito de "prevaricación", es decir, de tomar una decisión judicial injusta a sabiendas.
Azkarraga lamentó el "desprestigio" de la justicia y la responsabilidad de los presidentes del Supremo y del Constitucional en el retroceso democrático. "Nos remitimos a los momentos más oscuros de la dictadura", dijo. "Es una aberración; es justicia a granel", agregó.
Los afectados por la anulación de 225 candidaturas --el Constitucional salvó 16, que se suman a las ocho que permitió el Supremo-- recurrirán ante los tribunales europeos. Además, Arnaldo Otegi, exportavoz de Batasuna, dejó claro que, pese a todo, la izquierda aberzale hará campaña y pondrá papeletas --con las siglas de la plataforma AuB-- a disposición de los electores. Quienes elijan esa opción, emitirán así un voto nulo, que Otegi pretende contabilizar como apoyos a los herederos de Batasuna.
EL VOTO NULO
Ante esa posibilidad, el presidente del PNV, Xabier Arzalluz, advirtió de que el voto nulo "supone un apoyo, por omisión, al frente antinacionalista del PP y el PSE". De hecho, la imposibilidad de los seguidores de Batasuna de presentarse a las elecciones beneficia las expectativas de voto de PNV y EA. Los peneuvistas sólo están dispuestos a respaldar que se recuenten los votos nulos de la izquierda aberzale, pero Arzalluz dejó claro ayer que no les reconocerán legitimidad. También arremetió contra la sentencia del Constitucional que, en su opinión, supone "la muerte civil de miles de ciudadanos vascos".
En pleno fragor de reproches políticos, la policía detuvo en la madrugada de ayer a Oier Imaz Alias, de 23 años, acusado de colaborar con ETA en una campaña de amenazas al sector turístico. La operación se produjo en Irún, localidad guipuzcoana en la que el arrestado se presenta a las municipales en una de las 16 agrupaciones que el Constitucional estimó legales.
La detención fue ordenada por la Audiencia Nacional, que relaciona a Imaz Alias con el envío de cartas amenazadoras a embajadas extranjeras en Madrid y agencias de viajes, en las que se recomendaba no viajar a España por los atentados de ETA.
LISTA LEGITIMADA
El arrestado va en el puesto 11º de la candidatura Irun Herria. Se trata de una de las listas a las que el Supremo consideró vinculadas a Batasuna, pero que luego el Constitucional sentenció que podía ir a las elecciones. Este tribunal dictaminó que la presencia de uno o dos militantes de Batasuna no es suficiente para contaminar toda la candidatura.
Sin embargo, el Supremo identificó como personas vinculadas a Batasuna al detenido y a otros siete candidatos de Irun Herria. Las otras 15 listas amparadas por el Constitucional también contienen a 31 personas que el Supremo identificó como batasunas .
En algunas poblaciones, los herederos de Batasuna podrían lograr la alcaldía, ya que eran antes la fuerza mayoritaria y sus candidaturas no han sido anuladas, como es el caso de Zestoa (Guipúzcoa) y Urdiain (Navarra).
