El Gobierno vasco toleró ayer la celebración en Bilbao de una manifestación que había prohibido la víspera. La marcha, que fue seguida sin incidentes por unas 20.000 personas, estaba convocada por tres alcaldes de Euskal Herritarrok (EH) en defensa de Udalbiltza Kursaal, la asociación de electos de Batasuna que el juez Baltasar Garzón considera creada por ETA.
El PP denunció al consejero de Interior, Javier Balza (PNV), por permitir que la movilización se realizara tras haberla prohibido. "Ha querido quedar bien con los ilegalizados y con la autoridad judicial. Se demuestra que el Gobierno vasco garantiza la impunidad a ETA, de hecho o de derecho, en la calle o en el Parlamento", dijo el parlamentario Carlos Urquijo. Este acusó a los nacionalistas de ser permisivos con Batasuna para "heredar" sus votos.
La alcaldesa de Amoroto (Vizcaya), Maribi Ugarteburu, se dirigió a los congregados desde las escalinatas del Ayuntamiento de Bilbao al final a la marcha. Se felicitó por la respuesta ciudadana y por la "rectificación" del Departamento de Interior. Lo cierto es que en los dos kilómetros que la comitiva recorrió por el centro de Bilbao no apareció ni un sólo policía. Cuando la manifestación arrancó, dos agentes municipales se incorporaron para regular el tráfico.
Por otra parte, la Mesa del Parlamento vasco tramitará el martes la proposición del grupo parlamentario de la ilegalizada Batasuna para aprobar una ley vasca de partidos que se oponga a la aprobada por el PP y el PSOE. El órgano de gobierno de la Cámara había pospuesto la decisión hasta disponer del informe de sus servicios jurídicos.
