La empresa pública GPEx transformará en indefinidos los contratos por obra y servicio encadenados de forma ilegal de 56 de sus empleados. Así lo han señalado los responsables de la entidad tras una reunión mantenida con la Inspección de Trabajo, un encuentro en el que GPEx ha reconocido la validez de un acuerdo que se firmó en el pasado mes de junio con los representantes de los trabajadores --todavía con el anterior Ejecutivo socialista-- que así lo recogía. Fuentes de la Consejería de Administración Pública han confirmado a este diario que de esta forma, y pese a que cinco de los 56 han recibido una notificación donde se les informa de que su contrato terminaba el 31 de diciembre, GPEx asegura su continuidad.
Según informó ayer la presidenta del comité de empresa, Sonia García Baños, la transformación en indefinidos de estos 56 contratos es consecuencia de una primera denuncia del comité de empresa ante la Inspección de Trabajo, dado que se estaba produciendo "una situación irregular" que según García, sigue afectando a otros trabajadores. "Nuestra primera denuncia hacía referencia a esos 56, pero el objetivo es que se pasen a indefinidos todos los contratos encadenados que hay en la empresa", apunta.
Por otra parte, García Baños también informó ayer de que hoy continuarán las negociaciones entre el comité laboral y la dirección de la empresa para abordar el despido de los 727 trabajadores restantes cuyo futuro dentro de GPEx también está en el aire. García sigue manteniendo que la intención de la empresa es "realizar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) encubierto ya que no aporta datos fiables sobre la situación real de la empresa". Asegura que el comité de empresa acudirá al encuentro con voluntad negociadora y con la intención de buscar soluciones al conflicto laboral, pero reconoce que las posiciones entre ambas partes, de momento, están muy alejadas.
