La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) recurrirá ante la justicia la decisión de la Junta de Extremadura de revocar la declaración de Badajoz, Cáceres, Mérida y Moraleja como zonas de gran afluencia turística, con lo que se reduce de 16 a 10 los domingos y festivos de apertura de estos comercios.

En un comunicado, ANGED ha asegurado que esta decisión compromete el empleo de las 1.100 personas que trabajan cada domingo de apertura comercial, además de considerar que la Junta infringe de forma arbitraria la Ley de Horarios que le obliga mantener las Zonas de Afluencia Turística de Badajoz, Cáceres y Mérida.

Para las grandes superficies, existe una demanda real de decenas de miles de extremeños que quieren comprar en domingo que ha sido desatendida y priva a una parte del comercio de un derecho que ya disfrutan las tiendas de menos de 300 metros, los hoteles, bares, restaurantes y resto de servicios

Por ello, lamenta esta decisión, que califica de "política", que atiende exclusivamente a intereses particulares y que tendrá un grave impacto sobre la actividad económica y el empleo de la comunidad.

La ANGED insiste en que por cada domingo y festivo de apertura comercial en estas zonas de gran afluencia, 1.100 extremeños trabajan a jornada completa y por cada día cerrado la Junta va a destruir casi 9.000 horas de trabajo.

A su juicio, la revocación de estas zonas pone en riesgo la viabilidad de muchos de estos empleos, "generando un coste económico y social que no se puede permitir una comunidad como Extremadura".

Las grandes superficies acusan a la Junta de utilizar de forma arbitraria la ley estatal de Horarios Comerciales, que fija como un criterio objetivo e imperativo que las zonas fronterizas, como es el caso de Badajoz, y las ciudades Patrimonio de la Humanidad, como Mérida y Cáceres, sean declaradas zonas de gran afluencia turística con libertad horaria para el comercio.

También añade que tanto la directiva de Servicios de la UE, como la normativa española de Unidad de Mercado "dejan bien claro que toda restricción a la libertad de establecimiento y ejercicio debe estar justificada por razones imperiosas de interés general, no ser discriminatoria y ser necesaria".

Para la ANGED, la Junta "ha escurrido estas tres obligaciones" con el único objetivo de privar a una parte del comercio del mismo derecho a la libertad de horarios que ya disfrutan todas aquellas tiendas de menos de 300 metros cuadrados y, por supuesto, del resto de actividades del sector servicios, como bares, hoteles, transportes, espectáculos y turismo.