La organización ecologista Greenpeace afirma que la última acción efectuada 24 de mayo en la central nuclear de Almaraz demuestra que "ninguna instalación nuclear podrá impedir un ataque terrorista". El director de la campaña de energía nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, indica que, a pesar de estar la central en nivel 2, lograron penetrar en el recinto de las instalaciones. "Sólo con este argumento no deberían existir las centrales nucleares", sentencia a la agencia Europa Press. Por todo ello, la organización pide que las empresas eléctricas propietarias de las centrales nucleares tengan responsabilidad civil ilimitada en tiempo y cuantía ante un accidente, según consta en sus alegaciones al anteproyecto de Ley sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares. Los ecologistas critican que se limite la responsabilidad civil en caso de accidente nuclear a los 1.200 millones de euros, como propone el PSOE, porque está "a años luz de los costes que habría que sufragar en caso de accidente nuclear", y advierten de que las aseguradoras no disponen de capacidad para cubrir posibles consecuencias. El director de la campaña de energía nuclear de Greenpeace denuncia que el Gobierno intenta de forma encubierta que se pague a través de la tarifa eléctrica. Greenpeace pregunta que si las centrales nucleares son tan seguras como dice la industria, por qué no está dispuesta a asumir una responsabilidad civil ilimitada. A juicio de los ecologistas, el anteproyecto de Ley "no tiene como objetivo proteger a las víctimas, sino proteger a las empresas eléctricas". Asimismo, la organización reclama al Gobierno que cumpla su compromiso de cierre progresivo de las centrales nucleares y cuestiona los intereses que llevan al PSOE a paralizar la tramitación de la reforma del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en el Congreso de los Diputados.