La organización ecologista Greenpeace afirma que la última acción llevada a cabo el pasado 24 de mayo en la Central Nuclear de Almaraz demuestra que "ninguna instalación nuclear podrá impedir un ataque terrorista". El director de la campaña de energía nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, señaló ayer que a pesar de que está central se encuentra en el nivel 2 de alerta, lograron penetrar en sus instalaciones. "Solo con este argumento no deberían existir las centrales nucleares", afirmó.

Asimismo, la organización solicita que las empresas eléctricas propietarias de las centrales nucleares tengan responsabilidad civil ilimitada en tiempo y cuantía ante un accidente, según consta en sus alegaciones al anteproyecto de Ley sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares. Los ecologistas critican que esta responsabilidad se limite en caso de accidente nuclear a los 1.200 millones de euros, como propone el PSOE, porque está "a años luz de los costes que habría que sufragar en ese caso".

También advierten que las aseguradoras no tienen capacidad para cubrir posibles consecuencias. En este sentido, Bravo denunció en rueda de prensa que el Gobierno intenta, de forma encubierta, que se pague a través de la tarifa eléctrica.

Por otro lado, los ecologistas reclaman al Ejecutivo que cumpla su compromiso de cierre progresivo de las centrales nucleares y cuestionó los intereses que llevan al PSOE a paralizar la tramitación de la reforma del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en el Congreso.