Un grupo de agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil investigó durante dos años la trama empresarial creada en las Vegas Bajas del Guadiana para facilitar el fraude en el cobro de las ayudas europeas al tomate, según confirmó ayer el delegado del Gobierno en Extremadura, Oscar Baselga, que destacó la complejidad de las investigaciones que han culminado con la detención de quince personas presuntamente relacionadas con el cobro ilegal de subvenciones por valor de 27 millones de euros.
En este sentido, Baselga explicó que los trabajos de la Guardia Civil se desarrollaron con el único objetivo de desenmascarar "el maquillaje de cuentas y de información" en al menos cinco empresas, tal y como detalló ayer EL PERIODICO EXTREMADURA. A su juicio, para lograr aclarar los detalles de este posible fraude ha sido necesaria una actuación "prudente" durante la cual Interior ha colaborado estrechamente con el Fondo Español de Garantía Agraria, organismo estatal que pagó estas subvenciones comunitarias sin percatarse de las irregularidades que ahora se han destapado.
ACTUACION DILIGENTE
Por último, el delegado se felicitó porque "estos fraudes se detectan, se intervienen y se sacan a la luz pública", informa Efe.
Por su parte, el coordinador regional de IU, Manuel Cañada, presentó ayer en un juzgado de Instrucción de Mérida una denuncia, por vía criminal, contra el Ministerio de Agricultura, la Junta, José Luis Quintana, Vicente Onrubia, Los Corbos, El Cortijo, Conesa, AGRAZ, TRANSA, Seyco y Desvefruit. En su opinión, además de las industrias las autoridades han sido "cómplices institucionales por acción u omisión". El presidente del PP extremeño, Carlos Floriano, dejó claro que espera que se depuren responsabilidades penales y políticas, si las hubiera, "hasta las últimas consecuencias".
Ante esta situación, y una vez que tanto IU como Coag han acusado directamente al director general de Política Agraria Comunitaria, José Luis Quintana, un grupo de casi 90 funcionarios de la Dirección General ha suscrito un documento en el que afirman que las únicas directrices que han recibido de Quintana "han sido de cumplimiento riguroso de la normativa vigente".
Mientras, la Junta de Extremadura reiteró ayer que Quintana no está vinculado con el caso y señaló que el Gobierno regional denegó en su día la creación de la OPFH Los Corbos, presuntamente implicada con el fraude del tomate. Fue el Ministerio de Agricultura, añade, el que la autorizó posteriormente.
