La Guardia Civil, sobre todo el Seprona, vigilará a partir de hoy las edificaciones de las zonas a las que la Inspección de Trabajo no puede llegar, más concretamente núcleos rurales apartados. El objetivo es evitar accidentes laborales y detectar posibles irregularidades que se puedan cometer en las construcciones, también a la hora de la contratación fraudulenta o actuaciones ilegales. Los agentes no tendrán capacidad para denunciar, sino que su misión será la de informar a las autoridades competentes en la materia para que tomen medidas. Para ello, cuentan desde ayer con 162 cámaras fotográficas (una para cada cuartel), otras 24 para el Seprona --que centrará las actividades--, así como 24 ordenadores y otras tantas impresoras.
El material fue entregado ayer en Mérida, en un acto en el que estuvieron presentes la consejera de Igualdad y Empleo, Pilar Lucio; la delegada del Gobierno, Carmen Pereira; y el General Jefe de la Guardia Civil en Extremadura, Jaime Alejandro Maldonado. La iniciativa es fruto de un convenio firmado en abril pasado entre la Junta y el Ministerio del Interior, pero que hasta ahora no está operativo, una vez que los agentes cuentan con el material adecuado. En este período se ha formado una comisión de seguimiento y algunos efectivos de la benemérita se han estado formando al respecto, y lo seguirán haciendo en los próximos días, no en cuestiones técnicas sino para detectar "errores de bulto" en el sector de la construcción, según comentó ayer el responsable de la Benemérita.
Por tanto, indicó, sus acciones serán "muy sencillas", ya que en algunos casos se limitarán a dar indicaciones verbales y en otras se pondrá en conocimiento del personal técnico de la Consejería de Igualdad y Empleo a la que, gracias al material entregado ayer, podrá trasmitir esas posibles irregularidades en tiempo real aportando pruebas gráficas.
Al margen de las posibles irregularidades en la construcción de las edificaciones, la Guardia Civil también podrá desvelar posibles actuaciones relacionadas con la "economía sumergida", tales como fraude en la contratación y otras ilegalidades, según comentó Pilar Lucio.
LA OPINION DE LOS SINDICATOS A este respecto, los sindicatos UGT y CCOO avalan la iniciativa en un sector que sufre tres veces más accidentes laborales que el resto, de ahí el convenio.
Sin embargo, para UGT la operatividad de la medida deja muchas dudas. Antonio Flores, el secretario de Salud Laboral de la Federación del Metal, Construcción y Afines, aclaró que hay algunas dificultades, porque "no será un tema prioritario para la Guardia Civil" y, en todo caso, "si se meten a fondo en el tema, la Inspección de Trabajo se vería desbordada por la avalancha, y no hay personal para ello, pero la intención es buena", señaló.
Más optimista es Concha Gómez, secretaria de Salud Laboral de CCOO, para quien la medida "es muy acertada", porque "los agentes van a facilitar pruebas a los inspectores para saber dónde tienen que llegar". En su caso, no cree que genere problemas en la Inspección de Trabajo, y si hay saturación, "a ver si sirve para aumentar el personal porque en Badajoz, por ejemplo, hay siete inspectores", matizó.
