La delegación cacereña de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) hizo público ayer que los agentes de la Unidad Especializada de Seguridad Ciudadana (USECIC) de esta provincia "llevan tiempo recibiendo presiones" de sus respectivos mandos "para que aumenten el número de denuncias" bajo la amenaza de perder el complemento de productividad si no ponen un mínimo de sanciones.

Según un comunicado de AUGC, sería el teniente coronel Primer Jefe de la Comandancia quién presiona, a través de los jefes de unidad, a los agentes que no lleguen a cursar un número de sanciones "no establecido", afirmó un portavoz del colectivo. Las presiones siguen, según la misma fuente, todo el orden de la cadena de mando, puesto que son los jefes de unidad quienes, al ver peligrar su sobresueldo, exigen a los agentes de base que interpongan más multas.

Desde AUGC "solo entendemos que el Jefe de la Comandancia pierda beneficios económicos" que "tiene que justificar mediante estadísticas", aseguró el mismo portavoz de esta asociación, "ya que, sólo por su cargo, cobra alrededor de 700 euros mensuales en concepto de complemento". Sin embargo, AUGC ignora si las presiones "vienen de más arriba", es decir, del Ministerio del Interior.

"En la Unidad de Seguridad Ciudadana pensábamos que esto no sucedería nunca", lamentó este portavoz de AUGC de Cáceres. "Es algo bastante grave", afirmó, que en la situación económica actual "tengamos que presionar al ciudadano con más denuncias" para evitar la eliminación de un complemento "reconocido por ley y que no depende de datos estadísticos".

La AUGC aseguró en su comunicado que "como consecuencia de estas presiones ya han sido recortados los salarios a varios agentes de esta comandancia", basándose en que "no denuncian lo suficiente". Las primeras víctimas se cobraron entre abril y mayo, fueron dos guardias civiles destinados en Navalmoral de la Mata, una de las localidades con mayor nivel de exigencia debido a su población y al número de agentes allí destinados.

Otra de las anomalías que denuncia la AUGT es que algunos mandos de unidad "están figurando supuestamente en diligencias policiales cuando en realidad no intervinieron en ellas", con el objetivo de no perder el complemento de productividad y calificó de "curioso" que un solo mando llegue "a detener a 80 personas en 2010y, en lo que va de 2011,cuenta con más de 75".

MAQUILLAJES

Por otro lado, este colectivo señaló que se están "maquillando" las estadísticas de forma que minimicen el índice de delincuencia para justificar y mantener las retribuciones económicas de los mandos "a costa de las desgracias de los ciudadanos". De este modo se está, presuntamente, "cambiando la catalogación de los ilícitos penales graves en faltas o de interés Judicial". Estos datos, según fuentes de la AUGC, solo funcionan a nivel interno, ya que la fiscalía "maneja otras cifras que no son paralelas", mientras que las internas "llegan a Subdelegación del Gobierno con un "objetivo político: justificar la eficacia de unidades concretas". "Tiene que haber algún trasfondo que no conocemos", afirman.

El comunicado también denuncia una situación "insostenible y caótica" en la USECIC, con sede en la Comandancia de Cáceres, donde están sufriendo "constantes cambios de la jornada laboral" y, "hace imposible conciliar la vida familiar y laboral de los agentes". Y es que, según los datos que aporta la AUGC, "como consecuencia del estrés y mala organización del servicio, ya son el 50% de los agentes de la USECIC los que se encuentran de baja para el servicio".

Las presiones por la escasez de multas en diversas regiones ya fue denunciada por este colectivo, pero en la Agrupación de Tráfico, que depende de la DGT. En principio, las políticas son las mismas "pero los mandos que las rigen son diferentes" por lo que, aseguran desde la AUGT, "no tendrían relación".

El comunicado ha sido el primer paso, también se "elevarán estas quejas a la Junta Directiva Nacional para que sepan lo que nos está pasando, pero si no se hace nada se tomarán otras medidas, tanto a nivel europeo como judicial", aseguró un representante del colectivo unificado de la Benemérita.