El código de buenas prácticas se aplicará en todas las instituciones públicas donde gobiernen el PSOE o el PP, tanto en la Junta como en los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, la Delegación del Gobierno, las Mancomunidades, incluso los grupos de acción local. Aunque para ello, el pacto se llevará a efecto por los partidos políticos, y no en el seno de la Asamblea, como en un principio planteó el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, para evitar que esta institución se inmiscuya en los asuntos de otras administraciones.

Los portavoces parlamentarios del Grupo Socialista, Ignacio Sánchez Amor, y del Grupo Popular, Teresa Angulo, abordaron ayer nuevamente esta cuestión, tras el requerimiento de los periodistas, en una comparecencia tras la reunión de la Junta de Portavoces.

Este código, cuya idea fue lanzada por el presidente de la Junta tras la polémica que generó la compra de un Lexus valorado en 68.000 euros como vehículo oficial de la vicepresidenta segunda, María Dolores Aguilar --que después devolvió-- fijará los criterios generales para definir, entre otros aspectos, la retribución de los miembros de la administración o los precios de referencia de sus vehículos oficiales, así como los gastos en telefonía, en hoteles o en actos protocolarios, además de establecer los casos de incompatibilidad de los representantes políticos.

La portavoz del PP reiteró que su formación "no tiene inconveniente" en que este manual se aplique en todas las instituciones, incluidos los ayuntamientos, aunque defiende entonces que la discusión sobre el mismo se realice en el seno de los partidos políticos y no de los grupos parlamentarios. La Asamblea de Extremadura "no es órgano competente para imponerle a ningún ayuntamiento ni un código de buen gobierno ni nada, porque los plenos de los ayuntamientos son soberanos".

Por su parte, el portavoz socialista, Ignacio Sánchez Amor, insistió en que su formación ofreció ya el pasado 5 de febrero al PP que la negociación sobre el citado código se llevase a cabo en el seno de los partidos si el PP consideraba que había "alguna dificultad", y añadió que el "mes de retraso" que llevan las negociaciones se debe a que la formación ´popular´ "ha tardado un mes en convencer a Celdrán (alcalde de Badajoz) de que esto tiene que afectarle también a su ayuntamiento".

LUSOGRAFICA Por otro lado, la Junta de Portavoces fijó un orden del día para el pleno de mañana que incluye el debate sobre la solicitud del PP de crear una comisión no permanente de investigación sobre Lusográfica, la imprenta de Olivenza que se encuentra actualmente en concurso de acreedores, y sobre la que los populares ya han criticado que ha recibido desde sus inicios un "trato de favor" por parte de la Junta.