Junta y Ministerio de Hacienda comienzan a entenderse. Tras un "arduo proceso de negociación", el departamento que dirige en funciones Cristóbal Montoro da por bueno el plan de ajuste presentado por Extremadura y desbloquea los 66,18 millones de euros que el Ejecutivo regional había solicitado al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para el primer trimestre del año, aunque se mantiene el aviso de embargo a la comunidad por incumplir el plazo de pago a proveedores. La consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, formalizó ayer con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) el contrato que permitirá liberar estos 66 millones, que se destinarán a amortizar préstamos vencidos (42,5), la devolución de las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009 (9,95) y las facturas pendientes (13,7). La operación se cierra a un interés del 0,842%, por lo que su coste para las arcas públicas rondará los 550.000 euros.

Blanco-Morales explicó que el FLA, junto a otras medidas impulsadas por la Junta como la ampliación del confirming (servicio financiero de gestión de pagos) del Servicio Extremeño de Salud a los 240 millones permitirán a la región disponer de liquidez para saldar las facturas pendientes el próximo mes de julio. Así, confió en que siguiendo en la senda de entendimiento que se abre con el ministerio, el embargo de los fondos del sistema de financiación autonómica por exceder el plazo de pago a proveedores --ahora supera los 90 días-- no se lleve a cabo. "Esperamos que con los presupuestos aprobados, el confirming y el primer trimestre del FLA no sea necesario, pues aquí de lo que estamos hablando es de hacer o no hacer daño a los extremeños", dijo Blanco-Morales. Esta retención podría alcanzar los 50 millones de euros al mes, cantidad que el ministerio se quedaría para abonar directamente las facturas pendientes a los proveedores.

PLAN DE AJUSTE Al formalizarse la operación de crédito con el ICO para recibir el FLA, la Junta entiende que Hacienda "da por aprobado" el plan de ajuste que es obligatorio presentar antes de recibir los fondos de este mecanismo de financiación. Su aceptación llega tras el "arduo proceso de negociación" mantenido en las últimas semanas para justificar algunos de los aspectos que recogía, y que ha obligado además a incluir medidas complementarias. Entre ellas el protocolo firmado con Farmaindustria para la sostenibilidad del gasto sanitario y farmacéutico o la aplicación de una retención de crédito de 40 millones de euros con cargo a la deuda histórica como aval para el cumplimiento del déficit. Estos 40 millones, incluidos en el presupuesto con destino a inversiones, no se podrán ejecutar de momento, aunque según Blanco-Morales con ello no se compromete ninguna actuación importante.

Limitar los salarios de los altos directivos de las empresas públicas, reducir los miembros de los consejos de administración, regular las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral, destinar el ahorro en intereses bancarios a la reducción de la deuda comercial o estar al corriente con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Seguridad Social son otras de las medidas que recoge el documento presentado por Extremadura, que en ningún caso incluye recortes en las áreas esenciales, según la consejera.

En ese sentido, Blanco-Morales aclaró que en la negociación con el ministerio se han puesto de manifiesto varios aspectos fundamentales. Por un lado, que los presupuestos de 2016 son "plausibles, sólidos y sin ingresos ficticios", con el "firme compromiso" de no traspasar créditos de inversiones a gasto corriente. Por otro, se mantiene el planteamiento de la Junta de no aplicar recortes en los servicios públicos esenciales e ir cumpliendo con el déficit de manera "acompasada" a la realidad económica y financiera de la región, para lo que volvió a reclamar la aplicación de objetivos "flexibles e individualizados".