La polémica que genera la ley antitabaco en el sector hostelero extremeño crece a medida que se acerca el fin de la moratoria concedida por el Gobierno para que los locales de ocio se adapten a los requisitos establecidos en la normativa. A falta de una semana --empezará a aplicarse el 1 de septiembre--, muchos de los empresarios de bares, restaurantes y establecimientos de ocio han asegurado que de momento no la cumplirán, ya que esperarán a la aprobación de un decreto específico de la Junta de Extremadura para adaptar sus negocios a lo que marca la ley, según advirtió ayer el presidente de la Confederación de Empresarios del Turismo en Extremadura (CETEX), José Luis Ascarza.

En una entrevista concedida a Efe, Ascarza aseguró que los empresarios extremeños no deberán someterse a la nueva ley hasta que la Junta de Extremadura apruebe un decreto que haga efectivos los artículos de la normativa estatal. En este sentido indicó que la eficacia de esta ley corresponde a cada comunidad autónoma y que, en Extremadura, el Gobierno regional aún no ha aprobado el articulado que regule una normativa que es tan sólo un borrador que ni siquiera ha pasado los trámites jurídicos pertinentes.

SI HAY BORRADOR Lo cierto es que Sanidad y Consumo tiene ya el borrador definitivo del decreto, que está pendiente de su publicación en el DOE en los próximos días. Además, este diario preguntó ayer a la Junta sobre la postura adoptada por los hosteleros y se remitió a lo ya dicho hasta ahora. Es decir, para la Administración regional el próximo día 1 de septiembre termina el plazo para que los hosteleros cumplan los requisitos recogidos en la ley antitabaco.

El director general de Consumo y Salud Comunitaria, Pedro García Ramos, aseguró hace unos días a este diario que la Administración regional se mostrará inflexible a la hora de hacer cumplir la ley y recordó que desde la Junta se ha realizado una campaña de información para que los hosteleros conozcan la normativa, que entró en vigor el 1 de enero, incluso informado por correo a cada uno de los establecimientos.

Por otra parte, aunque son la minoría, hay hosteleros que ya han realizado obras para adaptar sus locales en el plazo previsto por la ley y algunos de ellos aseguraban ayer a este diario que "no sería justo que ahora se cambiaran algunos criterios para los demás", añadiendo que "la ley está para cumplirla y quien no lo haga que se atenga a las consecuencias a partir de septiembre". El incumplimiento de la ley podrá ser sancionado con multas que van desde 1 euro hasta los 600.000, dependiendo del carácter de la infracción.

CONFIADOS Pero desde la confederación de empresarios confían en que el Gobierno extremeño se muestre flexible con el sector, por lo que responsables de la CETEX se reunirán el mismo día 1 de septiembre con el consejero de Sanidad y Consumo, Guillermo Fernández Vara, para conocer las características del borrador e intentar que sea algo "más flexible que la ley estatal", dentro de los márgenes legales que ya están establecidos.

Según la ley, en los establecimientos de ocio de más de 100 metros cuadrados las zonas de fumadores deberán estar completamente compartimentadas y contar con un sistema de ventilación independiente. Ascarza especificó que tan sólo un 10% de los locales que existen en Extremadura están recogidos bajo esta tipología --los cálculos del sector señalan que la cifra ronda los 2.000--, por lo que la incidencia en la región, aseguró, es mínima, aunque representará una fuerte inversión para los empresarios afectados.

"Los hosteleros no han recibido ningún tipo de ayudas ni ninguna línea de crédito para adaptar la infraestructura de sus locales a los requerimientos legales", afirmó Ascarza, que agregó que los empresarios no han realizado hasta la fecha muchas inversiones "porque están esperando a la entrada en vigor de la ley en la región".

El presidente de la CETEX entiende que la compartimentación de los locales afectará el trabajo diario de los empleados de los establecimientos de ocio y perjudicará al mismo tiempo a los empresarios del sector porque mermará la demanda y con ello la capacidad de realizar inversiones en protocolos de calidad e innovación.