El presidente de la Junta de Extremadura lanzó ayer un envite a los jueces en el caso de las ocho emisoras de radio al denunciar públicamente "que el que quiera gobernar, que se quite la toga y se presente a las elecciones".
Juan Carlos Rodríguez Ibarra no dudó en culpar a los magistrados de la Sala de lo Contencioso del TSJEx de "usurpación e intromisión del poder ejecutivo" por no haberse limitado a anular la concesión administrativa de las emisoras que hizo la Junta, sino por haber hecho su propia puntuación y concedérselas al recurrente en lo que calificó de "sentencia sin precedentes".
"Es posible --puntualizó Ibarra -- que la Junta se pueda haber equivocado, pero lo que no admito son lecciones de ética de algunos y a mí un tribunal de magistrados no me dice que nosotros estamos actuando perversamente y ellos decentemente". El presidente de la Junta --que ha ya anunciado la interposición de un recurso ante el Tribunal Supremo-- insistió en que "esto de que la sala diga que a esta empresa le quito dos puntos y le pongo tres es un escándalo".
LA FORMACION DE LOS JUECES
Ibarra puso además en tela de juicio "cómo pagan su formación los abogados que quieren ser jueces" mientras defendió a sus consejeros y a sí mismo al preguntar sobre qué clase de amiguismo pudo intervenir en las concesiones ahora anuladas "cuando con la Cope no parece que tenga yo mucha amistad, ni con el señor de Onda Cero".
Así, explicó que fue decisión de una comisión técnica de la consejería de Obras Públicas que no pasó por Consejo de Gobierno de la Junta la que concedió en 1998 las emisoras de FM en Almendralejo, Fregenal de la Sierra, Villanueva de la Serena, Jaraíz de la Vera y Miajadas. Las mismas que la sentencia ha acordado conceder ahora a CBM, una empresa de la familia del alcalde de Mérida, después de anular las primeras licencias argumentando que la Administración regional no aplicó el baremo correctamente.
La Junta de Extremadura abundó en lo mismo en el comunicado que hizo público ayer y replicó a la asociación de jueces Francisco de Vitoria por acusar de acoso al vicepresidente, Carlos Sánchez Polo, que si se consideran objeto de un ataque a su independencia, debería haber pedido el amparo del Consejo General del Poder Judicial y "no criticar a un representante del pueblo elegido democráticamente".
Así, restó importancia al hecho de que la sentencia haya sido dictada por unanimidad "porque no se conoce hasta este momento el caso de una sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJEx en la que hubiese un voto particular de un magistrado". Mientras el propio Ibarra indicó a la asociación de jueces que "ya recusamos a un magistrado que ahora no ha tenido ningún problema ético ni jurídico de constituir sala en esta segunda ocasión", en alusión al conflicto del Canal Sur Televisión.
