El debate sobre la conveniencia o no de crear Agencias Tributarias autonómicas está abierto. Extremadura y Andalucía ya han anunciado su intención de gestionar directamente tanto los impuestos propios como los cedidos por el Estado a través de un organismo regional, pero la idea, apoyada ya por los partidos regionalistas extremeños, no parece haber sentado nada bien en el Gobierno central.

El único documento real que existe hasta el momento es el texto base para la reforma del Estatuto de Autonomía andaluz, donde Chaves ha plasmado la propuesta como "materialización del principio de corresponsabilidad fiscal" .

El modelo andaluz, que puede servir de base para el extremeño, supone la creación de "un espacio fiscal propio definido como un conjunto de materias y figuras tributarias sobre las que tendrá plena capacidad normativa y plena capacidad de gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión" . Además, Manuel Chaves explicó que entonces será el momento de que los impuestos cedidos se conviertan "en impuestos propios de la comunidad".

Ibarra avanzó durante el debate de los Presupuestos Autonómicos que está tan de acuerdo con la iniciativa que andaluza que planea incluso crear una Agencia Tributaria Extremeña. Por el contrario, Castilla-La Mancha no se ha planteado esta posibilidad, al menos por el momento.

Este anuncio ha sido recibido por satisfacción por la Federación Regionalista Coalición Extremeña Prex-Crex, que está convencida de que la comunidad "tiene derecho" a crear este organismo.

PROBLEMAS DE EFICACIA Abrir la caja de los truenos y que todo el mundo tenga algo que aportar ha sido todo uno. Por ejemplo, para poner en duda la eficacia de la actual Agencia Tributaria única para toda España.

El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha denunciado que el 60% de la deuda tributaria detectada entre 1996 y el 2002 no se ha llegado a cobrar, bien porque los deudores se declararon insolventes, bien porque las deudas han sido anuladas por no estar ajustadas a derecho.

De esta forma, la situación se ha ido deteriorando en los últimos años, ya que el índice de cobro por parte de Hacienda ha pasado del 46,8% registrado en el año 1998 al 36,6% que se obtuvo el año pasado.

En la parte opuesta se sitúa el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, que considera que la figura de una Agencia Tributaria de carácter estatal "es buena para los consumidores como contribuyentes y para luchar contra el fraude". En este sentido, recalcó que no comparte "la idea de que una unidad de acción en la Agencia Tributaria nacional sea mala, sino al revés".

Más contundente se ha mostrado el ministro de Justicia, José María Michavila, convencido de que este tipo de propuestas, que requieren un cambio en los estatutos autonómicos, "hacen añicos" la solidaridad interterritorial y demuestran que los socialistas "han perdido la brújula".

También se ha pronunciado en contra el presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales, Antonio Durán-Sindreu, que tacha la medida de "inviable" en estos momentos, porque de aprobarse implicaría una modificación del actual marco jurídico español.